Entre la guerra contra los cárteles y la defensa de la soberanía: el debate que enfrenta México

Redacción
2026-03-16 12:14

El plan “Escudo de las Américas” reabre el debate en México entre cooperación contra cárteles y defensa de la soberanía frente a la influencia de EU

Las recientes reuniones impulsadas por Donald Trump con diversos líderes latinoamericanos bajo la iniciativa denominada “Escudo de las Américas” han reactivado un debate que México conoce bien: hasta qué punto la cooperación en materia de seguridad puede convertirse en un mecanismo de subordinación política. Presentado como un proyecto regional para combatir al crimen organizado transnacional, el esquema se plantea como una respuesta coordinada frente a la expansión de organizaciones criminales, particularmente en la región latinoamericana. Sin embargo, la integración de los países participantes, en su mayoría gobiernos estrechamente alineados con Washington, ha despertado dudas sobre si se trata de una iniciativa multilateral genuina o de un instrumento geopolítico orientado a reforzar la influencia estadunidense en la región.

El argumento central de esta estrategia descansa en una premisa aparentemente indiscutible: “los cárteles del narcotráfico constituyen una amenaza transnacional que requiere cooperación hemisférica”. Bajo esa lógica, la seguridad regional se concibe como una responsabilidad compartida, donde el liderazgo estadunidense se presenta como indispensable. No obstante, esta narrativa oculta una tensión fundamental, pues cuando la coordinación internacional se estructura desde un solo centro de poder, el riesgo es que las prioridades de seguridad respondan más a intereses estratégicos externos que a las necesidades soberanas de cada país.

Para México, el dilema resulta particularmente delicado. La violencia generada por organizaciones criminales exige respuestas contundentes y cooperación internacional efectiva. Sin embargo, la historia bilateral demuestra que los mecanismos de seguridad impulsados desde Washington rara vez son neutrales, pues en distintos momentos del siglo XX y XXI, la política exterior estadunidense ha recurrido a estrategias de intervención directa o indirecta en América Latina bajo el argumento de proteger la estabilidad regional. El problema no radica únicamente en la cooperación, sino en la asimetría de poder que la estructura.

Las dudas sobre la confiabilidad de ese liderazgo se intensifican cuando se observa el comportamiento reciente del gobierno estadunidense en el escenario global. Las operaciones militares en Medio Oriente, justificadas frecuentemente en nombre de la seguridad internacional o la lucha contra el terrorismo o con ese concepto tan moldeable políticamente hablando, que es la “paz”, han dejado una estela de cuestionamientos sobre la observancia del derecho internacional humanitario y el respeto a los derechos humanos. La reiteración de acciones bélicas que prescinden del consenso internacional ha alimentado la percepción, debidamente justificada, de que Washington actúa bajo una lógica unilateral donde la legalidad internacional es secundaria frente a sus intereses estratégicos.

Ese antecedente resulta relevante para el debate latinoamericano, pues si un gobierno ha demostrado disposición para ignorar mecanismos multilaterales cuando estos limitan su margen de acción, confiar plenamente en su conducción de una arquitectura regional de seguridad implica asumir riesgos políticos y jurídicos significativos. En ese contexto, la iniciativa del “Escudo de las Américas” puede interpretarse menos como un proyecto de cooperación horizontal y más como un intento de reorganizar la seguridad hemisférica bajo parámetros definidos desde Estados Unidos.

Para México, aceptar sin reservas ese modelo supondría enfrentar un dilema complejo: combatir con mayor eficacia a los cárteles, pero al costo potencial de diluir márgenes de soberanía en la definición de su propia política de seguridad, aunado al hecho de poner en crisis al Derecho Constitucional Mexicano, pues someter la voluntad y soberanía de nuestra nación no solo pasaría por alto, sino que también ignoraría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al mismo Orden Jurídico Nacional, en ella establecido. Por otro lado, rechazarlo completamente podría aislar al país en un momento donde la criminalidad organizada opera a escala transnacional. La tensión entre seguridad y soberanía no es nueva, pero adquiere mayor relevancia cuando el actor que propone la cooperación posee una trayectoria histórica marcada por intervenciones políticas y militares en la región.

El debate que enfrenta México no es simplemente operativo, sino profundamente estratégico. Se trata de decidir si la lucha contra el crimen organizado debe conducirse mediante esquemas que fortalezcan la autonomía institucional del Estado mexicano o mediante alianzas que, aunque prometen eficacia inmediata, podrían ampliar la influencia de potencias externas sobre decisiones nacionales. La cooperación internacional es necesaria, pero la historia enseña que la seguridad compartida solo es sostenible cuando se basa en relaciones de igualdad, respeto a la soberanía y apego real al derecho internacional.

En ese equilibrio se define el desafío del momento. México necesita enfrentar con determinación a los cárteles, pero también preservar la capacidad de decidir su propio rumbo. La lucha contra la criminalidad no puede convertirse en la puerta de entrada para nuevas formas de subordinación geopolítica. Entre la seguridad y la soberanía no debería existir contradicción; el verdadero reto consiste en construir una estrategia que permita defender ambas.

Autora: Judith Erika Moctezuma Montaño
Profesora investigadora área académica de derecho y jurisprudencia ICSHu-UAEH

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