¿Crear derecho o aplicarlo? El debate entre activismo y autocontención judicial

Redacción
2026-02-16 12:34

¿Deben los jueces limitarse a aplicar la ley o interpretarla para proteger derechos?

En toda democracia constitucional existe una tensión inevitable entre el poder político que produce las normas y el poder judicial que las interpreta. Esa tensión no es accidental, sino estructural: el derecho no solo se escribe, también se decide. En ese espacio de interpretación surge un debate permanente que divide opiniones, instituciones y sociedades: “si los jueces deben limitarse a aplicar la ley con estricta neutralidad o si, por el contrario, deben asumir un papel más activo en la protección de los derechos, incluso cuando ello implique reinterpretar el alcance de la norma o suplir omisiones del legislador.” La discusión se resume en una pregunta que incomoda por igual a juristas, políticos y ciudadanos: ¿el juez crea derecho o solo lo aplica?

El activismo judicial suele ser presentado como una amenaza al equilibrio democrático. Sus críticos argumentan que cuando los tribunales van más allá del texto legal, se convierten en legisladores no electos, desplazando la voluntad popular expresada en el Congreso. Desde esta perspectiva, el juez activista no interpreta, sino que impone, no resuelve, sino que transforma. Se le acusa de convertir su criterio personal en regla general, de sustituir el debate público por la sentencia y de hacer de la Constitución un instrumento moldeable a intereses ideológicos. En tiempos de polarización, esta crítica se vuelve especialmente atractiva: resulta más sencillo culpar al juez que asumir el fracaso político del legislador.

Sin embargo, esa visión ignora un hecho esencial: el derecho nunca ha sido una maquinaria automática. Aplicar la ley no es una operación matemática, sino una actividad humana cargada de interpretación. Incluso el juez más formalista, el que se proclama fiel a la literalidad, interpreta al decidir qué significa “igualdad”, qué se entiende por “debido proceso”, qué implica la “dignidad humana” o hasta dónde llega la “seguridad pública”. El derecho está plagado de conceptos abiertos que exigen razonamiento. La neutralidad absoluta, en este sentido, no es una realidad, sino un ideal discursivo que a veces sirve como refugio para evitar decisiones difíciles.

En el extremo contrario se ubica la autocontención judicial, que plantea que los tribunales deben ser prudentes y no interferir en decisiones políticas, incluso cuando estas sean discutibles o impopulares. El argumento central es que la legitimidad democrática se encuentra en los órganos electos, y que el juez debe respetar la separación de poderes para evitar que el sistema se convierta en un gobierno de togados. Bajo esta lógica, el Poder Judicial se concibe como un árbitro limitado, cuya función es resolver controversias sin invadir el terreno de la política pública.

El problema es que la autocontención, llevada al exceso, puede convertirse en complicidad institucional. Cuando un tribunal decide “no intervenir” frente a leyes injustas, omisiones legislativas graves o políticas públicas violatorias de derechos, lo que en apariencia es prudencia puede transformarse en abandono. El juez que se niega a actuar, bajo el pretexto de respetar al legislador, puede terminar validando abusos de poder, discriminación estructural o arbitrariedades administrativas. En ese punto, la autocontención deja de ser virtud y se convierte en renuncia a la función constitucional de proteger derechos.

La realidad es que el activismo judicial suele aparecer precisamente cuando el sistema político falla. Cuando el legislador se encuentra capturado por intereses partidistas, cuando las mayorías parlamentarias actúan sin contrapesos o cuando la urgencia política sustituye a la sustancia constitucional, el Poder Judicial se convierte en el último muro frente al atropello institucional. En contextos donde el poder se concentra y los controles se debilitan, exigir jueces pasivos no es una defensa de la democracia, sino una invitación a la impunidad política.

En sociedades con desigualdades profundas, el activismo judicial también puede operar como herramienta de justicia correctiva. En muchos casos, los derechos no se vulneran por falta de normas, sino por falta de voluntad para aplicarlas o por omisiones sistemáticas del Estado. Si el juez se limita a leer la ley como si fuera un texto muerto, la Constitución se convierte en un documento decorativo. Por ello, la interpretación judicial se vuelve un acto político en el sentido más serio del término: un acto que define si el poder tiene límites reales o solo límites escritos.

 

En última instancia, el dilema entre crear derecho o aplicarlo es una discusión sobre el papel del juez en la historia. Si la justicia se limita a repetir la ley sin cuestionarla, puede convertirse en un instrumento del poder. Si la justicia se convierte en legislador paralelo, puede convertirse en un poder sin control. El equilibrio no está en la pasividad ni en la arrogancia, sino en la responsabilidad institucional: interpretar la norma con firmeza cuando se trata de proteger derechos, y con prudencia cuando se trata de sustituir la voluntad democrática. Porque en una democracia verdadera, el juez no debe ser dueño del derecho, pero tampoco puede ser un simple espectador del abuso.

Autora: Judith Erika Moctezuma Montaño
Profesora investigadora área académica de derecho y jurisprudencia ICSHu-UAEH

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