Con-ciencia política |No a la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Redacción
2026-01-06 14:00

La captura de Nicolás Maduro ?? por Estados Unidos ?? reabre el debate sobre el intervencionismo en América Latina.

Estados Unidos violó el derecho internacional con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, bajo el argumento de restaurar la democracia y combatir el narcotráfico. Este hecho reactualiza una lógica histórica de intervención que América Latina conoce bien, como ocurrió con las dictaduras militares o con intervenciones directas como la invasión a Panamá. Dicha lógica ha sido justificada por Estados Unidos a partir de la Doctrina Monroe, formulada en 1823 bajo el principio de “América para los americanos”, pero que rápidamente evolucionó de una supuesta defensa frente al colonialismo europeo hacia una justificación ideológica del predominio estadounidense en la región y, posteriormente, en el sistema internacional, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Haciendo del conflicto y la guerra una constante histórica sin la cual no es posible comprender a Estados Unidos afirma el sociólogo Charles Tilly. Estos procesos intervencionista han estado orientados por intereses capitalistas y geopolíticos, como el control de mercados y de recursos naturales estratégicos como el petróleo.

Más allá de la figura específica de Nicolás Maduro —cuya legitimidad interna y desempeño gubernamental han sido ampliamente cuestionados—, el problema central radica en la persistencia de una práctica intervencionista que vulnera principios elementales del derecho internacional, particularmente la soberanía popular y el principio de no intervención, expresamente consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 2 de dicho instrumento establece que la ONU “está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros y que estos se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. 

En este sentido, el gobierno de México, junto con muchos otros Estados, ha expresado su rechazo a esta evidente violación de la soberanía, la integridad territorial y el derecho de los pueblos a la libre determinación, principios fundamentales del derecho internacional. Estos principios han permitido sustentar históricamente unas relaciones internacionales orientadas por el diálogo, el acuerdo, la negociación y el respeto al ejercicio de los derechos. Así, las acciones emprendidas por la administración de Donald Trump para capturar a Maduro responden más a intereses propios de la seguridad nacional estadounidense que a la defensa de un sistema internacional regido por normas multilaterales. La muestra más evidente de ello es la débil salida institucional planteada, en la que Estados Unidos ha decidido tomar el control de Venezuela. Este enfoque no solo ignora los mecanismos diplomáticos y judiciales internacionales, sino que refuerza una concepción instrumental de la democracia, utilizada de manera selectiva cuando coincide con intereses estratégicos. En este caso, un factor estructural ineludible es el petróleo, ya que Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de crudo a nivel mundial, lo que la convierte en un territorio estratégico en un contexto de transición energética incierta, incertidumbre cambiaria y de reconfiguración del orden internacional. La experiencia histórica demuestra que los recursos energéticos han sido un poderoso incentivo para la injerencia externa, particularmente cuando los gobiernos nacionales adoptan posturas contrarias a los intereses económicos y geopolíticos de Washington.

Por lo anterior, resulta fundamental rechazar el intervencionismo estadounidense en Venezuela, ya que vulnera principios básicos del derecho internacional y los derechos humanos. La evidencia histórica muestra, además, que estas intervenciones no generan democracias sólidas ni estabilidad duradera; por el contrario, tienden a profundizar las violaciones a los derechos humanos, incrementar la dependencia, erosionar la legitimidad institucional y dejar profundas divisiones sociales. Todo ello contribuye a debilitar el ya frágil orden internacional basado en reglas, generando un precedente con consecuencias potencialmente graves para la soberanía de los pueblos y para las relaciones internacionales orientadas a la paz.

Autor:  Guillermo Lizama Carrasco
Jefe del área académica de ciencia política y administración pública de la UAEH

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