Con el fin de generar una mejor comprensión sobre las relaciones interétnicas propias de la Huasteca desarrollaremos el proceso histórico que le precede. Los datos históricos harán referencia al contexto municipal y regional, a Huejutla, Hidalgo y la Huasteca hidalguense respectivamente; lo anterior nos ayudará a entender las relaciones interétnicas actuales. Primero abordaremos los contextos relacionales a partir de la llegada de españoles y mestizos a la región hasta la actualidad, para ello partiremos de elementos estructurales como son las relaciones económicas, sociales y jurídicas de acuerdo con cada época. Posteriormente, nos referiremos a la identidad interétnica, haciendo referencia a los elementos estructurales anteriormente descritos, esto sentará la base para entender la región interétnica y la forma en que se relaciona la etnia nahua o los macehualmeh con la sociedad mestiza.
Palabras clave: Relaciones interétnicas, historia, Huasteca, nahuas, identidad.In order to generate a better understanding of Huasteca's own interethnic relations, we will develop the historical process that precedes it. The historical data will make reference to the municipal and regional context, to Huejutla, Hidalgo and the Huasteca hidalguense respectively; The above will help us to understand the current interethnic relations. First we will approach the relational contexts from the arrival of Spaniards and mestizos to the region until today, for that we will start from structural elements such as economic, social and legal relations according to each epoch. Subsequently, we will refer to the interethnic identity, referring to the structural elements described above, this will lay the basis for understanding the interethnic region and the way the Nahua ethnicity or macehualmeh is related to the mestizo society.
Keywords: Interethnic relations, history, Huasteca, Nahuas, identity.El surgimiento de lo que hoy conocemos como la Huasteca se registra hacia el año 2000 a. de C. cuando cuatro grupos de origen lingüístico mayense comenzaron a poblar la región. Tras la llegada de población nahua la región se denominará Kuextlan y kuextekatl a los que le habitan[1]. La región ecológica y sociocultural que actualmente la compone abarca cinco estados: Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla e Hidalgo. Sobre esta base de fronteras políticas estatales podemos rastrear su demarcación hasta la colonia, a través de los rasgos físicos reconocidos como parte de la región de la Huasteca y sus características socioculturales comunes. La Huasteca se extiende en la costa, desde Tuxpan hasta el Pánuco; al norte de la costa, los afluentes del Huayalejo y Tamesí; al suroeste, hasta el estado de Puebla en la zona del Metlaltoyuca y Teayo, siguiendo por toda la parte baja de la sierra; al oeste, Yahualica, Hueyapan, Tamazuchale hasta San Luis Potosí y la sierra de Micos.
La Huasteca hidalguense se localiza al noreste de Hidalgo, forma parte de la franja costera del Golfo de México, manteniendo límites con la Sierra Madre Oriental. La Huasteca hidalguense se divide en tres subregiones: la subregión de las llanuras, que se extiende por la parte norte; la subregión de las sierras y lomeríos del sur, que se compone de la parte sur de la Huasteca hasta la Sierra Norte de Puebla, y la subregión de la Sierra Madre y Otontepec[2]. La Huasteca hidalguense está conformada históricamente por los municipios de Huejutla, “lugar donde abundan los sauces”; Huautla, “lugar de águilas”; Yahualica, “lugar rodeado de agua”; San Felipe Orizatlán, “tierra de arroz”; Huazalingo, “lugar de las llamas”; Atlapexco, “lugar donde cae el agua”; Xochiatipan, “lugar donde hay flores sobre el agua” y Jaltocán, “lugar donde hay arenales”. Aunque otras fuentes agregan a estos ocho municipios, los de Calnali, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec[3].
Huejutla de los Reyes, Hidalgo, es el municipio donde se desarrolla este estudio. Huejutla forma parte de la subregión fisiográfica de la Sierra Madre y Otontepec, franja que baja desde el occidente de la Huasteca, recorre la sierra Huasteca dibujando una curva y se extiende hasta poco antes de llegar a la costa. Colinda al sur con los municipios de Atlapexco y Huazalingo, al oeste con Huautla, al este con Orizatlán, Jaltocán y Tlanchinol, finalmente, al norte hace frontera con el estado de Veracruz. El municipio denominado corazón de la Huasteca es una de las principales centros de comercio de la región y ruta de salida para las mercancías hacia Tampico, Tamaulipas y el centro del país bajando por Pachuca, Hidalgo. De acuerdo con el INEGI en el 2005 el municipio contaba con un total de 115,786 habitantes de los cuales 65,451 personas hablan alguna lengua indígena, en su mayoría el náhuatl, lo que da un poco más de la mitad de la población[4].
Antes de la llegada de los españoles el territorio fue habitado exitosamente por huastecos o kuextekatl: nahuas, pames, totonacos, chichimecas, tének y tepehuas. La fisionomía y la organización social de la Huasteca fueron transformadas a partir del proceso de colonización española caracterizado por la congregación eclesial y civil de indígenas, con la que se reconfiguraron las fronteras de las comunidades indígenas y sus relaciones. Las repúblicas de indios obligaron a tének y nahuas u otomíes y nahuas a compartir un mismo espacio bajo un mismo gobierno. Al tiempo que la sociedad indígena veía afectada su población y su relación con la tierra, los colonizadores iban tomando posesión de la misma.
La confrontación entre los colonizadores y los indígenas se dio en diferentes niveles, principalmente en el campo productivo. Las propiedades comunitarias fueron afectadas por la expansión ganadera de las haciendas o ranchos de los mestizos y españoles, quienes a través de la invasión, compra o arrendamiento de las tierras a indígenas, paulatinamente fueron adquiriendo el poder legal sobre las mismas. La pérdida de tierras laborables para la población indígena y la consecuente expulsión de población hacia las haciendas o ranchos de la región, impidió a muchos indígenas mantener una relación comunitaria con la tierra. Esta forma de explotación convino a los grandes propietarios, ya que permitía el desarrollo de su industria ganadera y agrícola con el menor de los costos. El sistema socioeconómico de acaparamiento de las tierras por parte de hacendados y terratenientes reconfiguró las relaciones de poder en la región a través del despojo y la violencia contra las comunidades.
La conquista de la Huasteca propició una reducción de la población indígena por pandemias, explotación excesiva y por la política de congregación. Un dato interesante que nos habla del manejo indiscriminado de la población indígena es la desaparición de comunidades enteras que se encontraban ubicadas a las orillas del río Pánuco: más de 15,000 personas indígenas fueron enviadas a las islas del Caribe. El proceso de despoblamiento que inició en 1527 no se revertió sino hasta entrado el siglo XVIII[5].
Los indígenas nunca permanecieron pasivos, siempre mantuvieron estrategias que les permitieron sobrevivir y reproducirse como comunidad a pesar de los embates de los hacendados. Fuera a través del ejercicio de sus derechos ante la corte colonial o a través de estrategias internas que les permitían vivir bajo una lógica comunitaria. No era extraño que las comunidades compraran tierras a los hacendados o que arrendaran sus tierras a los mismos, o incluso hasta llegar al punto de invadir lo que antes era suyo.
A lo largo de los primeros siglos de administración colonial la sociedad indígena supo adaptarse a las dificultades y trabajar de forma comunitaria. La forma de propiedad indígena permitió a sus integrantes enfrentar las dificultades económicas que representaban el pago de impuestos o tributos, así como los gastos propios de las fiestas patronales y comunitarias. También esta forma colectiva de organización y de propiedad colectiva permitió una cierta redistribución de la riqueza hacia la población más necesitada dentro de la comunidad[6].
En el siglo XVII, la corona española emprendió un conjunto de cambios, conocidos como las reformas borbónicas que tuvieron como propósito reconfigurar el orden de poderes en la colonia, eliminando monopolios comerciales y convirtiendo a las propiedades comunitarias en parcelas individuales. Con ello, la corona contemplaba la posibilidad de aumentar sus recursos y financiar sus campañas en contra de otros imperios que asechaban sus dominios[7].
Para entonces, las zonas altas y montañosas de la Huasteca eran habitadas principalmente por indígenas. Hacia las zonas planas se desarrolló la ganadería, lo que provocó la expulsión de la población indígena hacia la sierra y la proliferación de una población blanca y mulata.
La propiedad privada registró un crecimiento que no había alcanzado en los siglos anteriores[8]. En Huejutla la población indígena compartía el espacio con catorce ranchos y nueve haciendas, mismas que a través de la reducción de las tierras comunales y su atracción de mano de obra a través de la fuerza, acrecentaron la presencia de población indígena. Ello se reflejó hacia 1743, fecha para la cual había paulatinamente incrementado su presencia dentro de las haciendas en un porcentaje mayor al 50%[9].
Los cambios sufridos en la configuración colonial a finales del siglo XVIII, a partir de la implementación de las reformas borbónicas, se asumieron a partir de la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812. Esta introdujo para el total del territorio colonial el ayuntamiento como forma de gobierno, y se anularon las repúblicas de indios o congregación de indios como estructuras de representación política indígena[10], esto con la idea de favorecer un mejor control sobre la población y sus recursos.
Otra transformación normativa, producto del espíritu ilustrado de la época, fue el reconocimiento de la igualdad de derechos para todos los nacidos en la Nueva España[11], implantado por decreto real el 20 de mayo de 1815. De esta manera, por disposición de la corona española no sólo las castas desaparecían del registro civil y los censos, también se eliminaron de un plumazo las formas propias de organización sociocultural y económica de los indígenas.
Bajo estos nuevos componentes de la normatividad colonial, que fueron recuperados tras la independencia, la vida comunitaria perdía sentido, por lo menos para la corona y sus intereses económicos[12]. La idea era promover la redistribución de la propiedad de tal manera que los súbditos de la corona se convirtieran en pequeños propietarios y, con ello, promover el desarrollo del comercio y la recaudación de impuestos. En términos económicos e ideológicos representó una “transición del corporativismo al individualismo social, lo cual se reflejó más tarde en el acontecer del México independiente”[13].
El sustento del Ayuntamiento, como la nueva forma de organización política regional, era la reapropiación, por parte de la corona y posteriormente del Estado, de las tierras comunales. De esta manera, cierto tipo de tierras y de recursos generados a partir de estas tierras pasarían a manos del ayuntamiento. La cabecera adquiría un carácter corporativo en detrimento de la sociedad indígena y sus formas de organización. Entre las atribuciones que correspondían al ayuntamiento quedaría la recaudación de impuestos y la adquisición de recursos, los cuales se obtenían a través del cobro de “arbitrios” y “propios”. Los arbitrios correspondían al cobro de multas y los tributos con fundamento legal en los congresos locales y los impuestos a las ferias comerciales. Los propios correspondían a todo aquel tipo de propiedad en el territorio del municipio, como las tierras que habían tenido en propiedad común los pueblos indígenas y los edificios y tierras adquiridas con fondos públicos[14].
Las comunidades indígenas fueron redistribuidas en pequeñas propiedades, y la tierra administrada de forma comunal pasó a formar parte de la cabecera. Esto sería un factor para que la población mestiza y criolla se fuera inmiscuyendo de forma legal en la vida comunitaria indígena, a través del asentamiento dentro de las comunidades[15] o tomando la dirección de los ayuntamientos. Hacia 1840 los principales ayuntamientos de la región estaban bajo el control de la población no indígena.
Tal descomposición de la vida comunitaria, como señala Antonio Escobar, era producto de “una medida legal que tendía a terminar con el sustento económico tradicional de los pueblos indígenas”[16]. Con esta reconfiguración legal no sólo se atacaba la propiedad colectiva, también sus formas de gobierno, y de fondo, su concepción cultural de la vida en sociedad. Si la vida comunitaria permitía el desarrollo de una economía de auto-sustento bajo normas de reciprocidad comunitaria, la economía alentada por la corona bajo el ideario de la ilustración iría en búsqueda de la generación de capital, lo cual implicaba introducir al grueso de su población productiva y sus tierras a la libre circulación de bienes. Los indígenas tendrían que enviar sus productos al mercado junto con su mano de obra[17]. Esto se convirtió prontamente en un referente de despojo que quedaría marcado en las relaciones interétnicas de la región y a la cual se habrían de enfrentar los pueblos indígenas bajo diferentes estrategias comunitarias.
Las comunidades indígenas de la Huasteca iniciaron la búsqueda de estrategias de sobrevivencia que les permitiera adaptarse a las nuevas condiciones legales que se les habían impuesto. En principio no les quedó más que aceptar las nuevas condiciones de la propiedad y rentar las tierras que antes les habían pertenecido[18]; sin embargo, paulatinamente iniciaron el proceso de reapropiación legal a través de tres medios, que, como nos menciona Escobar, ya habían sido aplicados previamente durante la colonia: la compra de tierras, el triunfo en pleitos legales sobre la propiedad de las mismas, e invasiones legitimadas por el uso y control histórico sobre la tierra. A estas estrategias se agregaron el posicionamiento político de las comunidades mediante el control del ayuntamiento y en el caso de la compra y lucha legal por las tierras, el condueñazgo, una forma de propiedad que a manera de contrato social permitió reproducir la forma de organización comunitaria indígena.
Los condueñazgos surgieron como una estrategia legal utilizada por los grupos indígenas para recuperar las tierras a través de la compra mediada por apoderados. El condueñazgo comprendió dos formas de propiedad: la propiedad privada, parcelas donde el propietario indígena tendría la oportunidad de sembrar o preparar el espacio para el pastoreo de ganado mayor, y la propiedad comunal, donde el derecho de la tierra era de toda la comunidad. Esto permitiría mantener la propiedad sobre la tierra[19], y en caso de necesidad arrendarla a población no indígena.
Las ventajas del condueñazgo fueron múltiples, entre ellas estuvo la oportunidad de mantener su estructura comunitaria frente a una legislación liberal nacional que negaba la existencia de formas de propiedad colectiva. Finalmente, a pesar del despojo implementado por la instauración del ayuntamiento, a través de esta estrategia algunos pueblos indígenas lograron mantener la propiedad originaria sobre su tierra.
Otra estrategia adoptada por los indígenas en la Huasteca fue mantener el control sobre la cabecera municipal; por medio de ello, varios pueblos iniciaron la compra de tierras que fueron aprovechadas para favorecer el asentamiento de los grupos indígenas. De esta manera, a pesar de que el ayuntamiento acrecentaba sus propiedades, éstas no pertenecían a un único propietario, sino que eran parte del “común”, de todos aquellos que en forma comunitaria habían colaborado con recursos para la compra del terreno[20].
A pesar de la oposición indígena a la propiedad individual ésta había expandido sus límites, llegando a congregar dentro de Huejutla a más de 19 haciendas, 97 ranchos y doce curatos en el siglo XIX. Sin embargo, a los alrededores de Huejutla se tenían contabilizadas un total de 175 pueblos, en su mayoría con población indígena[21].
Las haciendas de la región daban prioridad al ganado así como a los cultivos de maíz, frijol y, como principal siembra comercial, la caña de azúcar. Durante esta centuria, las haciendas grandes de la región de Huejutla como la de Santa Cruz y Zitlán, a pesar de mantener una producción regular, fueron objeto de fraccionamientos y de cambios constantes de propietarios a través de la herencia o por la venta de la tierra debido al endeudamiento de los propietarios[22]. Lo anterior no era sino un reflejo de procesos sociales que a través del comercio o la lucha comunitaria, rehacían constantemente la fisionomía de las propiedades de la región.
Para el año de 1871 se abrió una nueva ruta comercial que conectaba el centro minero de Pachuca con el puerto de Tampico; esto fue aprovechado por los comerciantes y hacendados de la región para promover el comercio de maíz, frijol, piloncillo y ganado. El control de la ruta comercial quedó en manos de la familia Andrade, que se benefició del desarrollo de la región por efecto del proceso de industrialización favorecido por la dictadura de Porfirio Díaz. Los Andrade supieron aprovechar las nuevas rutas de comercio creadas a partir de la nueva línea ferroviaria Tampico-Tamaulipas, ciudad de San Luis Potosí, y el desarrollo de polos regionales de comercio como Tampico o Ciudad Valles. Estas ciudades acrecentaron su importancia a partir de la explotación de los pozos petroleros en el Golfo de México.
Este proceso de expansión comercial y del capital generaría una nueva presión sobre la posesión de la tierra comunitaria y la población indígena desposeída. Buena parte de las tierras que en las haciendas se daban a trabajar a los indígenas, a través de un contrato de mediería, se fueron convirtiendo en tierra para el ganado. Este hecho propició el empobrecimiento cada vez más extremo de la población indígena y su expulsión hacia otros centros de desarrollo industrial.
En el siglo XX la Huasteca fue incorporada en el nombrado desarrollo modernizador, con el fortalecimiento de la industria agrícola y la expansión de las vías férreas a lo largo de su territorio. La expansión del modelo capitalista instaurado en la región mantenía la presión sobre la población indígena y sus propiedades. Ya para 1919, la Herradura, Teacal, Canchitlan y Sitlán, cuatro de las 19 haciendas de Huejutla, concentraban como peones a la mayor parte de la población indígena[23].
Iniciada la Revolución buena parte de los hacendados de Huejutla, encabezados por Francisco P. Manuel, contrario a lo que se podía pensar, tomaron partido en la revuelta en favor de Madero. Durante este período no era extraño que los caciques y el ejército incorporaran a la población indígena en favor de uno u otro bando. Después de la revolución nada cambio, aún bajo el gobierno del ex- revolucionario Wenceslao Martínez[24], la estructura de las haciendas en Huejutla permaneció intacta. Ante la falta de un poder único de gobierno en la región surgieron por doquier las bandas de cuatreros conformadas por veteranos de la revolución, las que atacaban tanto a haciendas como a comunidades indígenas, cobrando venganzas o robando los bienes de las comunidades.
La forma de trabajo y control de los peones en las haciendas de la región era bajo el uso de las autoridades indígenas comunitarias para la reproducción de la hacienda. Las autoridades indígenas eran elegidas por el hacendado, lo que les daba la responsabilidad de conformar las cuadrillas de trabajo para la hacienda. Este sistema económico se sostenía de la explotación del trabajo y de la invasión o hurto de las tierras de los pueblos indígenas. El trabajo era en sí un pago, así los indígenas al no contar con tierra propia para trabajar se veían orillados en muchos casos a trabajar en las haciendas tan sólo por el derecho de uso de las mismas. En otras palabras, no existía una remuneración económica por su trabajo.
El jefe de familia era el que tenía la responsabilidad de participar en las faenas de la hacienda, pero para cubrir con el total de sus tareas, tanto él como su núcleo familiar participaban de las labores de la hacienda y de su respectiva parcela. Los peones tenían que cumplir con un estricto horario de trabajo que en caso de no completarse, significaba la expulsión de la hacienda y la pérdida del derecho de un terreno para trabajar. Las jornadas partían desde el día lunes al amanecer hasta bien entrada la tarde, concluyendo los jueves. Los otros tres días eras para que el peón trabajara su propia milpa en terrenos que arrendaban a la hacienda.
Los hacendados contrataban pistoleros y capataces para mantener el rígido sistema de poderes a través de la coerción y la violencia. Cuando les era necesario, los hacendados mandaban a sus pistoleros a comunidades que se encontraban fuera de la hacienda para traer peones. Estos pedían a las autoridades indígenas comunitarias que organizaran las cuadrillas que habrían de ser llevadas a la hacienda. En caso de que estas no aceptaran se convertían en objeto de violencia; en algunos casos los pistoleros llegaban a quemar las casas o violar a las mujeres. Akiyo Yamamoto recupera una entrevista en la comunidad que da cuenta de este hecho:
Los vaqueros vivían al lado de la casa del dueño. Eran güeros, con los ojos azules, y todos eran del Pánuco. Ellos se encargaban de la administración del trabajo de los campesinos; pagaban y maltrataban a la gente como siempre. Cuando se terminó la hacienda, a fines de los años treinta, todos se fueron…[25]
La producción en las haciendas de la región implicaba trabajos como moler la caña, chapolear el potrero o la siembra y el trabajo diario en la milpa. Paulatinamente, en la medida que el mercado definía los nuevos intereses económicos en la región, se fueron introduciendo otros productos y con ello una nueva reconfiguración en el uso de la tierra. Hacia 1925 hasta la segunda mitad del siglo XX, la producción ganadera y los productos de exportación como el tabaco abarcaban la mayor parte de los terrenos productivos de la región[26].
Las estrategias de sobrevivencia de las comunidades indígenas les llevaría a hacer uso de medios legales para recuperar sus tierras, mediante el reparto de tierras de varias haciendas en el municipio de Huejutla, que a la par de la llegada de nuevos actores en la región, redefiniría la condición de las comunidades a través de una resistencia que les permitiría llegar a la segunda mitad del siglo XX con la posesión de ejidos. Aunque esto no significó el fin de las hostilidades, fue un paso hacia el reconocimiento legal de su derecho sobre la tierra.
El aporte vino en muchos casos de los profesores venidos de fuera que trasmitieron a las comunidades nuevos argumentos para continuar con el proceso de reconocimiento legal de sus derechos sobre las tierras, así como su acompañamiento fraterno frente a instancias legales para conformar su ejido. Así, por ejemplo, en el mismo año de la fundación de las escuelas rurales en la región, la gente recuerda la llegada del profesor Bonfilio Galván Furiati[27], personaje venido de San Luis Potosí quien se ganó el aprecio de la comunidad de Santa Cruz. Pero dejemos que las personas que entrevisto Yamamoto, en la comunidad antes dicha, relaten la historia de aquel momento de encuentro con el otro desde una perspectiva diferente:
Una mañana temprano el maestro se despertó por un grito raro. Lo extrañó y preguntó a la gente. Se enteró que era un señor encargado de avisar a la gente en la madrugada, que se preparasen para ir a trabajar en la hacienda [la hacienda de Santa Cruz]. El maestro se sorprendió y dijo que la hacienda había terminado hace tiempo y que ya no se necesitaba ir a trabajar en ella. Pero la gente tuvo miedo de que se enojara el hacendado. El maestro dijo;
--Mañana lunes hacemos la reunión y lo platicamos. En la reunión el maestro habló fuerte: --La hacienda ya se acabó. Ya nadie va a trabajar allá. ¡Jamás! Aunque traen calzones, amárrenselo fuerte, nadie se va a la hacienda.
El vaquero vino a preguntar por qué no había ido la gente; iba a sacar una reata para pegarles. Pero la gente ya estaba lista para colgarlo y el vaquero se fue en ese momento.[28]
Esto apenas fue el primer paso de un ejercicio compartido por otras comunidades de la región hacia la recuperación de las tierras. La gente en aquel momento, aun consciente de sus derechos, tuvo que regresar al trabajo cotidiano de la hacienda ya que no contaba con ninguna protección legal y carecían de los recursos para iniciar una vida fuera de la hacienda.
En aquel periodo, la comunidad fue ganando mínimos derechos sobre su trabajo, tales como el pago por sus labores, aunque no significaba el haber salido del sistema de esclavitud propio de una hacienda. En 1939, doce años después de haber realizado su solicitud de tierras frente al gobierno de Pachuca, la comunidad de Santa Cruz obtuvo el mandato positivo el 12 de mayo de 1939[29]. Con ello daba fruto el esfuerzo de 133 jefes de familia y del profesor Galván, quien acompañó durante este proceso a la comunidad. Con ello se validaba el derecho a la tierra al mismo número de jefes de familia de un total de 500 habitantes[30].
En muchos casos las haciendas conservaron el uso de peones, la estructura de pago y trabajo establecido por la hacienda. Por cada 10 personas de una cuadrilla se entregaba un litro de aguardiente a los trabajadores, más el pago que correspondía a 25 centavos por persona. En aquel momento, 25 centavos alcanzaban para comprar poco más de un cuartillo de maíz el cual en el mercado regional costaba aproximadamente de 15 a 20 centavos por cuartillo.[31]
En ocasiones, a pesar de que las tierras adquiridas por medio del ejido no eran comerciables, muchas de las familias optaron por la compra venta de los terrenos, esto para cubrir deudas anteriores a la repartición. En los nuevos ejidos se generaron pequeños y grandes propietarios que supieron aprovechar tanto el comercio como las dificultades económicas. Familias que habían adquirido el estatus de ejidatario volvían rápidamente a la condición de peones, con ello su condición de pobreza se acentuaba aún más, engrosando las filas de nahuas sin tierra que iniciarían un proceso de migración hacia las grandes ciudades del país.
La mayoría de las comunidades recuperaron su siembra tradicional basada en la milpa, lo que convertía al maíz en su principal producto comercial. Los precios del costal de maíz en la región eran bajos. Lo que llevó a los comerciantes a buscar nuevos nichos de mercado que les permitiera generar nuevos recursos; llegando a Tamazunchale, centro comercial donde el maíz, por lo menos, duplicaba su valor.
Para los años cuarenta del siglo pasado esta ruta de comercio habría de promover la salida de productos de la región como el frijol, el maíz, la miel de abeja, así como productos del puerco y de la caña. Para dar posibilidad de que el comercio fluyera con rapidez y en mayores cantidades, se formaban cuadrillas de arrieros que transportaban estos productos hasta las bodegas de Tamazunchale, para posteriormente traer en su lugar botes de petróleo, jabón y otros productos industrializados
Más allá de la lucha del pueblo nahua emprendida desde el campo legal, el ataque a las tierras comunitarias continuaba su curso. Una vez más el mercado transformaba la fisionomía de la Huasteca y su configuración social y ecológica. Las tierras comunitarias fueron invadidas bajo pretexto de permanecer improductivas y la demanda de carne, sumada a la ambición de los caciques, aceleró la deforestación tanto en los terrenos planos como los cerros.
La estrategia de explotación surgida desde la época de la colonia se mantenía y se hacía valer por medio de la coerción social, la violencia, así como de las estructuras comunitarias tradicionales. El primer recurso utilizado por los caciques era la coerción social ejercida desde las instancias gubernamentales ubicadas en la cabecera municipal. Los documentos oficiales que suministraba la cabecera eran necesarios para que los indígenas pudieran conseguir trabajo en otros estados de la república. Todo documento que abalara un matrimonio, un nacimiento o alguna defunción tenía un costo que obligaba a los nahuas a brindar servicio gratuito al municipio, en la limpieza de las calles, en la construcción de escuelas, casas o edificios públicos.
Los caciques recurrían a la violencia mediante un pistolero para obligar a los indígenas a trabajar en sus zafras o para extender sus terrenos sobre la propiedad comunitaria nahua. Los ranchos nuevos hacían uso de la violencia para desalojar comunidades enteras o invadir tierras, algunas con milpas recientemente sembradas[33]. La ambición de los nuevos rancheros no tenía límites dentro de la estructura de poder y de explotación en la región.
Además de las estrategias de violencia, los hacendados habían aprendido a mantener su dominio sobre la sociedad macehual dejando libre el espacio mínimo que requería una comunidad para su subsistencia. En las tierras usurpadas a la comunidad se les permitía a los nahuas la siembra de la milpa, la condición era dejar empastado el terreno para la introducción de ganado. El tiempo que podía utilizar el campesino la tierra era por una o dos temporadas, todo dependía de la voluntad del cacique. Como lo señala el antropólogo Juan Briseño, esto sólo era útil a los hacendados y rancheros, se pensaba que con el necesario descanso de la tierra y el crecimiento de los pastos se realizaba una relación “funcional”, lo cual no era cierto, ya que por derecho la tierra era de la comunidad. Contrario a una aceptación sumisa de una situación de despojo, se trataba de una acción coercitiva a través de la violencia que obligava a aceptar las condiciones de explotación[34].
La comunidad también era utilizada de forma contraria a sus principios para aprovechar el trabajo de los faineros. Los rancheros demandaban a los jueces hacer uso de la organización comunitaria y poner a su disposición cuadrillas de faineros para el trabajo de sus potreros. En ocasiones los rancheros contaban con el apoyo de las autoridades comunitarias, las cuales utilizaban la forma de gobierno indígena para imponer sus designios sobre el resto de la colectividad. Esto les generaba beneficios personales, lo que les significaba un mayor ingreso económico y la acumulación de tierras, aún en contra de los principios de la comunidad, lo que les llevó a perder paulatinamente legitimidad.
Como hemos podido observar la lucha de los macehuales por la recuperación de las tierras, el respeto a sus formas de organización y vida comunitaria ha sido constante. Sin embargo, es hasta que se enfrentan a la imposibilidad de reproducir sus formas de organización, sea por la pérdida de legitimidad de sus representantes a partir de un uso indebido de las jerarquías comunitarias o por la imposibilidad de acceso a las tierras para la siembra, usurpadas por los rancheros o que forman parte de la propiedad de las autoridades indígenas de sus comunidades, “llevó a los macehuales a impugnar el poder político y la legitimidad de [los caciques insertados en] la estructura política comunal y a iniciar una lucha por recobrar sus estructuras”[35].
La lucha tendría lugar a mediados de los años setenta del siglo pasado y tenía como base las formas de organización y trabajo comunitario, mejor conocidas como faenas o tequios. Los demandantes de tierra se hacían acompañar en algunos casos por otras comunidades para la recuperación de las tierras, realizando la misma acción cuando éstas los solicitaran. La estrategia era de antaño conocida, pero en este caso adquiría una dimensión intercomunitaria convirtiéndose en faenas o tequios intercomunitarios. La estrategia era útil ya que cuando se realizaba la recuperación de algún terreno el número de faeneros superaba al de los pistoleros, hecho que obligaba a la retirada de estos últimos. Mientras, la comunidad que recuperaba sus tierras hacía las labores de limpieza y cercado de los terrenos para poder iniciar la siembra.
En muchos casos los nahuas sustentaban la estrategia de toma de tierras de la mano de organizaciones fuereñas, que como señala Guerrero, fueron utilizadas como estandarte mientras fueron útiles a los intereses de los macehuales. Las organizaciones políticas fueron el rostro visible de una revolución que se venía gestando a través del tiempo, aunque en realidad lo que hicieron tales organizaciones fue montarse en esa gran movilización y en algunos casos ser un factor de represión.
Organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Independiente (CCI) y el Consejo Agrarista Mexicano (CAM) atraían el descontento de la gente y lo utilizaban como instrumentos de promoción política para sus propios intereses; en pocas ocasiones los intereses de los macehuales se veían concretados. Líderes como Humberto Serrano alentaban o evitaban invasiones de acuerdo a las negociaciones o intereses políticos. El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) resultó una promesa, dada su postura de izquierda, sin embargo la propia naturaleza política de sus intereses los llevaba a negociar con las autoridades estatales negando la radicalidad del movimiento macehual.
En el año de 1982 fue fundada la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense (URECHH) por Benito Hernández, de la Comunidad de la Corrala, llegando a congregar a los ejidos y comunidades de los municipios de Huejutla, Orizatlán y Jaltocán. La Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OIPUH), ubicaba su área de influencia en Huautla, Atlapexco, Xochiatipan y Calnali principalmente. Ambas organizaciones surgieron con un origen netamente macehual; el levantamiento y construcción de organizaciones independientes llevaron al movimiento a darle un carácter cada vez más de movimiento étnico. La OIPUH mantuvo entre sus demandas el respeto a las leyes y la libertad política:
Así, ha pugnado porque las comunidades trabajen en forma colectiva y empezó a incluir en sus declaraciones políticas su reconocimiento como indígenas, además de resaltar la concepción sobre la tierra, que actuó de manera clave en la lucha por ella: “porque la tierra nos da la vida, y por eso nunca nos cansaremos de luchar”[36]
La URECHH, al igual que el resto de las organizaciones, se vio obligada a negociar y a abandonar la estrategia de toma de tierras al tiempo que se convirtió en un transmisor del Estado de recursos para el campo.
Otro aspecto coyuntural fue el proyecto de riego más grande de América Latina, iniciado durante la presidencia de López Portillo y la gubernatura de Guillermo Rossel. El Plan del Distrito de Riego “Huasteca hidalguense” tenía como propósito alcanzar una extensión aproximada de 25,000 hectáreas[37] , sin embargo, este proyecto, como apunta Akiyo Yamamoto, no prosperó tanto por una mala administración de los recursos, como por la crisis económica que daría paso a los tecnócratas que operaron el neoliberalismo en México.
Lo que resalta Yamamoto es que uno de los beneficios de este programa fue que aquellos terrenos que se expropiaron para fines del proyecto hidráulico en 1982, fueron repartidos entre la población campesina de la región. Los comuneros serían beneficiados posteriormente a través del programa Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y de la Huasteca Hidalguense[38](PIVMHH) con el apoyo para la siembra, y posteriormente orientados para llevar adelante la producción naranjera, convirtiéndose ésta y el ganado en los dos productos principales de la región.
No es posible pensar el proceso de recuperación de tierra desde una única perspectiva, sin embargo, podemos encontrar ciertas regularidades que nos hacen pensar que era un movimiento étnico que significó tanto la recuperación de la tierra como la toma de poder en y desde las propias comunidades. La estrategia y los actores externos sólo eran elementos de mediación de un proyecto común que superaba las dimensiones meramente comunitarias.
Los años noventa, posteriores a la recuperación de las tierras, trajeron consigo nuevas formas de producción y con ello nuevas formas de concebir la tierra. La pulverización de la propiedad agrícola en la Huasteca fue alcanzando su mayor índice en la medida que los hijos de los ejidatarios adquirían la edad adulta. Trabajar la milpa dejó de ser productivo, tanto porque no alcanzaba para la subsistencia familiar, como porque la lógica comunitaria que lo sustentaba comenzó a quedar en el pasado. La producción tenía anteriormente un enfoque de subsistencia bajo un régimen comunitario, actualmente la mayor parte se encuentra orientada hacia el mercado con productos como la naranja o el ganado aunque sin olvidar la auto-subsistencia.
El municipio de Huejutla es una sociedad mayoritariamente nahua; sin embargo, aún en la actualidad es evidente una situación estructural donde el control sobre lo económico y la política corre de lado de la sociedad no indígena (ex ganaderos, comerciantes, profesionistas). La economía regional es cada vez más integrada al capitalismo de consumo, pocos son los que continúan practicando la economía de auto-subsistencia, la mayor parte de los productos salen al mercado al tiempo de que son cada vez más los jóvenes que migran hacia otras regiones. El número de nahuas que accedían a la educación escolar es cada vez mayor, pero también los que salen fuera a estudiar y a trabajar después de terminados sus estudios.
Tras la introducción de la naranja en la región muchos de los terrenos dedicados a la milpa se vieron trasformados en huertos. La milpa requiere de un trabajo constante, contrario a una inversión menor de trabajo de la naranja. Muchos productores encontraron en ello una ventaja frente a la siembra de maíz, que en algún momento puede convertirse en pérdida, sea por las sequias o por el exceso de lluvias. La planta de la naranja permanece, y más allá de la falta o exceso de agua puede asegurar un mínimo de producto. Las ganancias de la naranja sirven para comprar maíz en el mercado y asegurar el consumo mínimo de la familia, por lo menos durante una pequeña temporada.
Los noventa y la primera década del siglo XXI han sido el marco de una serie de políticas neoliberales que paulatinamente han ido medrando la organización comunitaria, principalmente en lo que refiere a las formas de producción y de organización comunitaria, aunque en este último punto la comunidad ha venido substituyendo los elementos de cooperación a través de trabajo comunitario gratuito, por aportaciones económicas; cooperaciones que son utilizadas para servicios, festividades u otro tipo de actividades que son de incumbencia comunitaria. La organización comunitaria continúa adaptando su ideal de paridad de derechos y bien común a las condiciones que le presenta la sociedad, actualmente cuenta con el apoyo no sólo de hombres con capacidad productiva, también con mujeres que paulatinamente adquieren un papel más activo frente a sus comunidades.
La presencia cada vez mayor de macehuales sin tierra, sea porque la vendieron a partir de la reforma al artículo 27 constitucional, o porque generacionalmente no fueron sujetos de derecho a la repartición de la propiedad ejidal del padre, ha propiciado un acelerado avance de la migración, así como la generación o búsqueda de otros campos laborales. La expulsión de población joven, en muchos casos apenas mayor a los 15 años, se dirige hacia las grandes urbes como el Distrito Federal, Guadalajara o Monterrey, donde se puede encontrar trabajo como obrero o como albañil, y en el caso de las mujeres en el trabajo doméstico.
Esto ha significado tanto la expulsión de población como la atracción de recursos que el campo no es capaz de generar o que el sistema capitalista en la región no genera. En ciertos casos esto ha significado mayores recursos económicos a partir de remesas, generando una cultura del consumo. La migración ha tenido efecto en la fisionomía de las comunidades y en el cambio generacional. La economía en la región es movilizada por el comercio y la migración, lo que ha propiciado la llegada de empresas trasnacionales a la región como Chedraui y Coppel. Muchas parejas que optan por trabajar fuera de la región dejan a sus hijos a cargo de los abuelos. Esto pudiera en alguna forma ser un factor para la reproducción de la cultura macehual a pesar de la emigración y sus efectos contrarios al ideal de permanencia comunitaria.
Un campo social que los nahuas han venido recuperando es la educación y la salud con profesores y enfermera(o)s nahua hablantes. Esto les ha permitido llegar a ocupar cargos de relevancia a nivel regional, pero aún su concepción cultural y étnica no se convierte en un proyecto que pueda ser alentado desde estos puntos estratégicos para el conjunto de la sociedad.
En conclusión, se puede decir que hubo cambios y continuidades en las estructuras políticas, sociales, económicas y territoriales de la región. Por ejemplo, en la estructura política, el gobierno indígena, que a pesar de perder su carácter normativo a nivel nacional seguía reproduciéndose al interior de las comunidades; en la estructura social, la aparición de nuevos actores como los maestros y las instituciones acompañaron la trasformación de las relaciones entre la población nahua y los mestizos, llegando en ocasiones al punto a tomar las armas; en las económicas, con los cambios producidos a partir de la incorporación de la región en el mercado y la introducción de nuevas vías de comunicación; y en las territoriales, con los constantes despojos e invasiones de tierras indígenas a manos de ganaderos, así como con estrategias de recuperación de las mismas, de las que supieron hacer uso los pueblos nahuas.
Los hechos se pueden seguir enumerando en una línea de continuidad que en forma de bucle, va construyendo un proceso implantado desde la colonia y que se revolucionó a partir de las reformas borbónicas para no parar más. Dos concepciones de ser humano y de sociedad entran en choque, de ellas resultan identidades étnicas en oposición que se alimentan de una base cultural y de la confrontación social entre los actores, principalmente en el campo económico y político.
La sociedad indígena, en particular la nahua de la Huasteca, se encuentra inserta desde un principio en un sistema jurídico que va en contra de su forma de vivir y hacer sociedad, es por ello que haciendo gala de ingenio y resistencia acoge las herramientas que ofrece el sistema que lo coacciona para a través de ese medio defender legalmente su propósito cultural común inmanente a su existencia. No fue sólo en el campo legal apropiándose de los instrumentos del Estado, también pasaron a la ofensiva a lo largo de los siglos con la toma y recuperación de tierras. Finalmente, atravesando aquellas estrategias de sobrevivencia permaneció una relación personal y comunitaria con la tierra; impulso cultural suficiente para continuar dentro de una hacienda o para iniciar la luchar por recuperarla.
Como muestran los estudios, no era extraño que al interior de una comunidad nahua, las autoridades comunitarias tomaran el control sobre el sistema excluyendo al resto de la comunidad. En algunos casos existía una cierta asociación entre los hacendados y los responsables de las comunidades, esto les permitía obtener favores. En algún momento las propias estructuras de gobierno indígena funcionaron contra los propios macehuales, quitándoles representatividad frente al Estado, quedando sin voz en un mundo que los condena al silencio.
Aún a pesar de los principios de paridad de derechos que rigen su convivencia, la cultura y sociedad macehual no es homogénea. Sería falso pensar de esa manera, pero superando aquellas diferencias mantienen una cierta estructura común que puede, en algún momento, fungir como elemento aglutinante bajo un ideal común. En los años ochenta este fue el principio activo que llevó a las generaciones más jóvenes a recuperar las estructuras de gobierno comunitario y darles nuevamente legitimidad. El proyecto político trascendió lo material y tomó un carácter político y étnico, pasos que se dirigieron hacia el reconocimiento social, político y cultural.
Las condiciones socioeconómicas de la actualidad han llevado a la sociedad macehual a integrarse al sistema de mercado cada vez más como mano de obra y como consumidores, antes que como productores. Sin embargo, aún las responsabilidades para con su comunidad continúan vivas. El sentido de identidad compartida entre macehuales da una fuerza que no se agota, aunque dentro de sus derroteros pareciera encontrarse herida de muerte desde hace muchos siglos.
[1]Mauricio González González, No somos más que dos, diferencia y dualidad entre los nahuas de Huexotitla, Huasteca Meridional, Tesis para optar por el título de Licenciado en Etnología, Director de tesis: Leopoldo Trejo Barrientos, ENAH, México, DF, 2009, p. 20.
[2]Lucino Gutiérrez Herrera, Configuración Regional de la Huasteca, Editorial Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior, México, 1997, p. 58.
[3]Rafael Nava Vite, La Huasteca, Editorial CONACULTA, México, 1996, p. 85.
[4]INEGI, II Conteo de Población y Vivienda del 2005.
[5]Antonio Escobar Ohmstede, Ciento cincuenta años de historia de la huasteca, Editorial CNCA / CND, Instituto Veracruzano de Cultura, Colección Frondas Nuevas, México, 1998, p. 138.
[6]Ibíd., p. 149.
[7]Antonio Escobar Ohmstede, De la Costa a la Sierra, Las Huastecas, 1750-1900,Editorial CIESAS, Colección Historia de los pueblos indígenas de México, México, 1998, p. 131.
[8]Antonio Escobar Ohmstede, Ciento cincuenta años de historia de la huasteca, Op. Cit., p. 145.
[9]Ibíd., p. 139.
[10]Antonio Escobar Ohmstede, De la Costa a la Sierra, Las Huastecas, 1750-1900, Op. Cit., p. 132
[11]Ibíd., p. 135.
[12]Ídem.
[13]Ibíd., p. 132.
[14]Ibíd., p. 152.
[15]Ibíd., p. 151
[16]Ibíd., p. 152.
[17]Ibíd., p. 156.
[18]Ibíd., p. 153.
[19]Ibíd., p. 132.
[20]Antonio Escobar Ohmstede, Ciento cincuenta años de historia de la huasteca, Op. Cit., p. 155.
[21]Antonio Escobar Ohmstede, De la Costa a la Sierra, Las Huastecas, 1750-1900, Op. Cit., p. 137.
[22]Akiyo Yamamoto, Santa Cruz: Una comunidad indígena en la Huasteca hidalguense en el momento del cambio estructural, Tesis para optar por el título de maestría en antropología social, CIESAS, México, 1997, p. 100.
[23]Antonio Escobar Ohmstede, Ciento cincuenta años de historia de la huasteca, Op. cit., p. 140.
[24]Akiyo Yamamoto, Santa Cruz: Una comunidad indígena en la Huasteca hidalguense en el momento del cambio estructural, Op. Cit., p. 107.
[25]Ibíd., p. 109.
[26]Ibíd., p. 110.
[27]Ibíd., p. 111.
[28]Ibíd., p. 112.
[29]Ibíd., p. 113.
[30]Ibíd., p. 114.
[31]Ibíd., p. 115.
[32]Ibíd., p. 118.
[33]Juan Briseño Guerrero, ¿Cuántos muertos más quieren?, Editorial CIESAS, México, 1994, p. 80.
[34]Ídem.
[35]Ibíd., p. 90.
[36]Ibíd., p. 101.
[37]Akiyo Yamamoto, Santa Cruz: Una comunidad indígena en la Huasteca hidalguense en el momento del cambio estructural, Op. Cit., p. 127.
[38]Ídem.
ESCOBAR Ohmstede, Antonio, Ciento cincuenta años de historia de la huasteca, Editorial CNCA / CND, Instituto Veracruzano de Cultura, Colección Frondas Nuevas, México, 1998, p. 138.
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GONZÁLEZ González, Mauricio, No somos más que dos, diferencia y dualidad entre los nahuas de Huexotitla, Huasteca Meridional, Tesis para optar por el título de Licenciado en Etnología, Director de tesis: Leopoldo Trejo Barrientos, ENAH, México, DF, 2009, p. 20.
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[a]Profesor de Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Escuela Superior de Huejutla México