La autonomía en universidades públicas
Por Cynthia Michelle Torres
Fotografía: Archivo
La autonomía ha pasado a formar parte esencial en las universidades públicas de México desde hace tiempo. Esta facultad es una dote reconocida por el Estado, otorgando a las instituciones de educación superior la facultad de instaurarse y autogobernarse.
La universidad también obtiene, a través de la autonomía, capacidades para unirse de una manera positiva con la sociedad, de la cual forma parte
Al entrar con vigor el Artículo 3° de la Constitución Mexicana quedó establecido el principio de la autonomía universitaria como norma suprema de gobierno de toda la Unión. También el conjunto de leyes orgánicas de las universidades autónomas.
La autonomía universitaria designa la facultad de ejecutar la reflexión y, a la vez, la crítica para volver a las instituciones un espacio libre para la producción y otorgamiento del conocimiento
Todo esto crea que las casas de estudio tengan la oportunidad de auto gobernarse como derecho, es decir, de generar su propio gobierno y normas. Pero cuando su autonomía se ve en amenazada, las universidades deben encontrar la manera para resguardarse.
Rendición de cuentas
Basándose en el documento “Hacia una política de rendición de cuentas en México” de Sergio López Ayllón, Mauricio Merino y Lourdes Morales, el contar con autonomía crea que toda acción que se conlleve tenga una rendición de cuentas.
En dicho texto se habla también de la Red por la Rendición de Cuentas, un proyecto que inició en el CIDE con la intención de crear un contexto de exigencia social y política a favor de la construcción de una política articulada, coherente y completa de rendición de cuentas en el país, mediante la producción, el debate y la divulgación de las investigaciones, el trabajo y las ideas generadas por las organizaciones que la integran.
Autonomía ¿Libre de problemáticas?
Unas de las problemáticas por las que llegan a pasar las universidades públicas son los casos en dónde se les acusa de alguna irregularidad, en su mayoría financiera, por su facultad de autor regirse.
Al respecto, Jacqueline Peschard, socióloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), menciona que “No se debe justificar una intromisión de los poderes locales en la vida interna de las universidades, porque ello atentaría contra su autonomía, dañando su estructura institucional”.
Tan solo en el 2017, quien fungía como presidente del Congreso hidalguense, María Luisa Pérez Perusquía, solicitó al gobernador la promulgación del decreto y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
La UAEH consideró violatorios esos decretos y promovió el juicio de amparo indirecto contra el Congreso del Estado de Hidalgo, el titular del Ejecutivo estatal y el director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el cual reclamó la inconstitucionalidad de aquellos decretos.
Resolución
Fue hasta el 3 de octubre de este año, una vez estudiado y analizado el asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Segunda Sala logra amparar a la UAEH en contra de la disposición del tema nacional anticorrupción, comentó el rector Adolfo Pontigo Loyola en una entrevista por línea telefónica con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
“Toda universidad pública rinde cuentas a la Auditoria Superior de la Federación con respecto los recursos que se les otorga a estas instituciones”: rector Adolfo Pontigo
La Universidad Autónoma de Hidalgo no es la única
Así como la autonomía de la UAEH ha tenido sus problemáticas, dentro de las otras 32 universidades de carácter también se han visto envueltas en dificultades. Por otra parte, también las universidades de Guadalajara, Veracruz y Guanajuato, ya que, a pesar de que no tienen autonomía formal o de jure, estas tienen un desenvolvimiento institucional dentro del régimen autónomo.
Pareciera que al contar con autonomía es tener problemas financieros entre el gobierno del estado y la propia institución, como fue hace dos años con la Universidad Veracruzana, en la publicación “El conflicto entre la Universidad Veracruzana y el gobierno del estado”, en la revista Nexos, escrita por Alberto J. Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, se dio a conocer el caso en donde el gobierno veracruzano le adeudaba a la institución 2,250 millones de pesos, recursos vitales para cubrir sus gastos, hacer las inversiones básicas y atender la demanda de educación. A pesar por la crisis que pasa la entidad.
“No hay sector o grupo social, empresa pública o privada, municipio o institución a la que el gobierno del estado no le deba algo”: Alberto J. Olvera, investigador de la UV
En el texto que se menciona anteriormente, se expone el tema del endeudamiento veracruzano con una supuesta suma de más de cien mil millones de pesos, que, de acuerdo con especialistas, ha tenido al gobierno en quiebra técnica. Debido a lo anterior, Alberto J. Olvera comenta que la UV está a punto de quedar paralizada por la falta de fondos, e incluso existe el riesgo de que Hacienda embargue bienes de la institución para cobrarse los impuestos sobre productos del trabajo de sus empleados, que no se pagan desde mediados de 2014.
Desde hace 10 años el gobierno ha incurrido en la entrega incompleta del subsidio estatal y en la retención ilegal de una parte del subsidio federal con la Universidad Veracruzana. Para Alberto Olvera, lo preocupante es que actualmente sigue existiendo este problema.
Al final, no sólo se está atacando a la autonomía, sino de igual manera al personal, docentes y estudiantes que forman parte de las cosas de estudios, ya que todo ingreso se debería gastar por el bien de la institución y así brindar una mejor área, y calidad de estudio para todos, de igual manera sueldos para los correspondientes. Gracias a la autonomía se ha hecho un avance tanto en la cultura, docencia e incluso la investigación. Al atacar a la autonomía es como atacar la libertad de pensamiento.