Respetar creencias ayuda a vivir en armonía

La libertad de culto es un derecho humano fundamental que permite a cada persona elegir, practicar, expresar o cambiar sus creencias sin temor a represalias. Este derecho incluye la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que, al estar reconocido internacionalmente y protegido por la Constitución mexicana, adquiere una importancia que va más allá de una elección individual, pues contribuye a construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y la convivencia armónica entre todas las personas, sin importar sus diferencias.

Con el fin de ofrecer una mirada histórica, legislativa y social sobre este derecho, Javier David Ortíz Mendoza, catedrático de la Licenciatura en Derecho en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), explicó cómo las raíces religiosas del país, junto con reformas constitucionales y políticas públicas, han permitido que el gobierno retome valores fundamentales para fomentar una cultura de paz.

Javier David Ortíz Mendoza, catedrático de la Licenciatura en Derecho en el ICSHu.

La historia que construyó un Estado laico

El docente Garza explicó que la libertad de culto en México está estrechamente ligada a la historia del país, ya que desde la llegada de los españoles y el proceso de evangelización en América, la Iglesia católica tuvo un papel importante en la organización social y educativa del territorio. Con el tiempo, figuras como Miguel Hidalgo y José María Morelos, ambos sacerdotes, encabezaron los primeros movimientos independentistas, lo que muestra cómo la religión y la historia nacional se entrelazaron en los procesos que dieron forma al México moderno.

Posteriormente, se observa que la educación estaba concentrada en la clase noble, y fue un sacerdote quien apadrinó a Benito Juárez, permitiéndole estudiar la Licenciatura en Derecho e impulsando su trayectoria profesional y educativa. Sin embargo, al adoptar Juárez la masonería, la Iglesia se mostró en desacuerdo y el día en que tomó posesión como presidente no se celebró la misa tradicional durante el nombramiento, lo que llevó al mandatario a establecer que, a partir de ese momento, habría una separación institucional entre la Iglesia y el Estado.

Este evento histórico fue clave para consolidar un Estado laico, en el que las decisiones del gobierno no se basan en dogmas religiosos y al mismo tiempo resultó fundamental para definir la libertad de culto, ya que no solo estableció límites claros entre las funciones del gobierno y las actividades religiosas, sino que también permitió que las instituciones civiles desarrollaran políticas que aseguraran la autonomía del Estado y el respeto hacia las distintas creencias.

Sin embargo, episodios como la Guerra Cristera y la Ley Calles tensionaron la relación entre el Estado y las instituciones religiosas. Estas medidas no solo buscaban garantizar la libertad religiosa, sino también desamortizar los bienes eclesiásticos, nacionalizando templos, seminarios, conventos e incluso oratorios privados.

Como resultado, las construcciones históricas de los siglos XVI, XVII y XVIII pasaron a ser propiedad del Estado, mientras que los sacerdotes solo pueden administrarlas, sin derecho a destinarlas a otros fines. No obstante, para 1992 se promulgó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que otorgó personalidad jurídica y patrimonio propio a las agrupaciones religiosas, reconociendo así su autonomía en ciertos aspectos.

La esencia de la fe en muchas religiones, promueve la paz, la empatía y la caridad, valores esenciales para el desarrollo social.

Valores religiosos fomentan sociedad plural y pacífica

Sin embargo, pese a todos estos avances, la libertad de culto continúa enfrentando desafíos contemporáneos, como la intolerancia, las agresiones y la discriminación hacia ciertas creencias que reflejan el desconocimiento de los derechos humanos, rompiendo con ello el principio de la cultura de paz.

Por esta razón, en la Agenda 2030 se incluye la iniciativa de los “Mensajeros de la Paz”, con el objetivo de enseñar los derechos humanos de manera clara y aplicada, con educación basada en comprensión y respeto a sus fines, evitando malinterpretarlos o desviarlos.

Aunado a ello, Ortíz Mendoza refirió que los valores religiosos, más allá de su dimensión espiritual, se han convertido en elementos fundamentales para promover la paz y la convivencia social, ya que la empatía, la solidaridad, la justicia, la compasión y el respeto al prójimo son enseñanzas recurrentes que fomentan una coexistencia armoniosa entre las personas.

En conclusión, la libertad de culto protege el derecho individual de creer y practicar la religión libremente, pero al mismo tiempo contribuye a fortalecer una sociedad plural, tolerante y pacífica.