Estado, políticas sociales y prácticas de consumo
Por Dra. Andrea Dettano 1
El consumo constituye un elemento central en el presente siglo, involucra a todos los sectores sociales y es central para alcanzar la reproducción de la vida y acceder a los bienes y servicios considerados necesarios en economías de mercado. Su pregnancia en la vida cotidiana, ha atravesado diferentes ámbitos del mundo social, y las intervenciones del Estado, no han quedado por fuera. Es por eso que políticas y programas son un elemento indispensable para la concreción del consumo.
Si bien existen y han existido diversas acciones estatales con el objetivo de incidir, aumentar o dinamizar el consumo -en diferentes momentos y contextos históricos- aquí nos centraremos en revisar cómo en las últimas décadas, de la mano de los denominados Programas de Transferencias de Ingresos o Cash Transfer Programs, primero en Latinoamérica y luego a nivel global, las estrategias de abordaje de la pobreza, el desempleo y un amplio grupo de situaciones definidas como problemáticas, han sido afines al incentivo del consumo.
Las políticas sociales son un objeto complejo que ha sido definido desde miradas teóricas, latitudes y momentos diferentes. Se han descrito como intervenciones del Estado orientadas a incidir sobre las formas de reproducción de la vida, a incrementar el bienestar de la población, así como a atenuar, mitigar y/o compensar el conflicto producido por las desigualdades propias de las sociedades de mercado.
A través del tiempo han experimentado transformaciones, modificándose las problemáticas a atender, la población destinataria de las intervenciones, los objetivos perseguidos, los modos de intervención —servicios básicos, capacitaciones, cursos, transferencias en especie, dinero, entre otras posibles—.
En las últimas décadas, la gran cantidad de políticas, planes y programas vigentes atiende una amplia variedad de problemáticas (pobreza, vulnerabilidad, desempleo, acceso a los alimentos, violencia, hábitat y vivienda), que se superponen entre diferentes niveles de gobierno. Asumen centralmente la modalidad de transferencias de ingresos con diferentes requisitos, condicionalidades y contraprestaciones ligadas al cobro. Asimismo, los procesos ligados a su puesta en práctica —inscripción, seguimiento, controles, cobro— están siendo digitalizados, por lo que se despliegan en aplicativos, sitios web, redes sociales y/o bases de datos.
La modalidad de transferencias de ingresos en las políticas sociales, tiene ya al menos tres décadas de desarrollo asumiendo variaciones según los países. A grandes rasgos, consisten en transferencias de dinero a diferentes grupos poblacionales, generalmente se encuentran condicionadas a la realización de actividades laborales, cumplimentar controles médicos, así como la asistencia escolar a los niños/as y adolescentes a cargo, la asistencia a actividades o capacitaciones.
Han perseguido una multiplicidad de objetivos, como reducir la pobreza por ingresos o la “pobreza de consumo”, aumentar el consumo de los hogares, evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza a partir de la inversión en capital humano, promover la finalización de estudios, colaborar en la reducción de las desigualdades, romper el “círculo vicioso” de la pobreza, contribuir con la modificación de algunos comportamientos que pueden incidir en la proliferación de la pobreza, entre otros, que dependen de cada programa. Luego del escenario pandémico, los organismos internacionales han subrayado la necesidad de contribuir por medio de estos programas a activar la demanda u oferta de trabajo.
Bajo esta modalidad, las políticas sociales han extendido su alcance y cobertura, llegando a una gran cantidad de países de la región y del mundo. Para 2019, solo en América Latina y el Caribe han alcanzado a 166 millones de personas (Stampini et al., 2023) a lo que debemos sumar la batería de bonos y transferencias inauguradas por el aislamiento a causa de la emergencia sanitaria del año 2020.
Esto ha suscitado un gran volumen de trabajos académicos, pero también desde los organismos de implementación y financiamiento, buscando analizar posibles impactos, la reducción de indicadores como la pobreza y/o el desempleo, el aumento del consumo, de la matrícula escolar, entre otras cuestiones. En estos abordajes, el consumo ha sido un lugar analítico de importancia en los diseños de los programas, en los discursos oficiales y en la población destinataria, motivado y posibilitado por las transferencias mensuales de dinero, organizando no solo vías de acceso al consumo, sino también unas sociabilidades y unos modos de sentir particularmente relevantes, dada la masividad de esta modalidad de intervención (Dettano, 2021).
Algunos trabajos han dado cuenta de cómo el Estado ha reenviado a los sujetos al mercado, de la mano de la multiplicidad de programas y subsidios puestos a funcionar, se ha considerado a esta modalidad de atención a la pobreza como un modo de refuncionalizar el dinero público, dotado de la tarea de revitalizar la economía y reactivar el mercado interno; se ha aludido a cómo estas intervenciones fomentan el consumo y el endeudamiento, invitando a una financiarización de los sectores de menos recursos, se han estudiado las prácticas de consumo de las personas receptoras y sus emociones y el modo en que las transferencias “extienden” los límites de consumo, cómo lo hacen, en qué sentidos y prácticas organizan.
Al observar las prácticas de consumo que motivaron estos programas y políticas, se debe atender a las diferencias y matices que se organizan en cada tiempo y espacio concreto. El caso de algunos programas implementados en el Gran Buenos Aires (Argentina) permite afirmar que el dinero de los programas es utilizado en alimentos y bienes necesarios para los hijos/as de las personas titulares así como para el mantenimiento de la vivienda.
Estos ingresos son generalmente combinados con aquellos provenientes de trabajos informales y, a pesar de las diferentes estrategias para “estirar” y hacer rendir el dinero —buscando ofertas, reemplazando marcas—, el consumo y las compras son vivenciados desde la insuficiencia y el “no alcanza”, lo que se ha profundizado en el contexto de pandemia.
Lo desarrollado hasta aquí nos permite establecer o al menos discutir algunas cuestiones: la centralidad del consumo, el rol del Estado como posibilitador del mismo, los diferentes procesos de financiarización que esta modalidad de atención a la pobreza, vulnerabilidad, exclusión, desempleo ha profundizado. Asimismo, subrayar cómo las prácticas de consumo asumen diferentes rasgos, estratificaciones, modalidades y emociones: desde el lujo y la opulencia hasta la vivencia de insuficiencia constante de los millones de personas receptoras a nivel regional y global.
Referencias bibliográficas:
Dettano, A. (2021). Devenires de la política social: conceptualizaciones y menciones sobre el consumo en los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos. Trabajo Social 23 (2): 357-378. doi: 10.15446/ts.v23n2.87446
Stampini, M. Medellín, N. Ibarrarán, P. (2023). Transferencias monetarias, pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento.
1Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza (CIS-UNLAM). Docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad de Buenos Aires. Dra. En Sociología por la Universidad de Alicante (España). Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. andreadettano@gmail.com