Desplazarse sin límites, lo que debes saber acerca del libre tránsito

El derecho al libre tránsito es una garantía fundamental que permite a las personas moverse por todo el territorio mexicano sin necesitar permisos especiales o justificación. Este derecho, reconocido en el artículo 11 de la Constitución Mexicana, forma parte de las libertades básicas de todos los ciudadanos, sin embargo, pocas personas conocen a fondo en qué consiste esta garantía y cuáles son sus límites.

Para aclarar estos aspectos, Cuauhtémoc Granados Díaz, profesor investigador del Área Académica de Derecho y Jurisprudencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) explicó que el derecho al libre tránsito consiste específicamente en la libertad de transitar, entrar y salir del país, cambiar de residencia y recorrer el territorio nacional sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

Esta garantía busca proteger la movilidad de las personas como parte de sus derechos fundamentales, aunque cuenta con restricciones legítimas definidas en el marco jurídico. La comprensión de este derecho es esencial para que la ciudadanía puedan distinguir entre las actuaciones legales de las autoridades y aquellas que resultan arbitrarias.

Cuauhtémoc Granados Díaz, docente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)

Limitaciones legítimas al derecho

El derecho al libre tránsito tiene límites establecidos por la ley para restringirlo en situaciones específicas, estas restricciones buscan equilibrar la libertad individual con el bienestar colectivo. Las causas principales de restricción figuran: las órdenes emitidas por jueces, cuando una persona enfrenta un proceso penal, las medidas cautelares o las órdenes de aprehensión que limitan legalmente su movilidad.

Las faltas administrativas también generan limitaciones a este derecho, como quienes manejen en estado de ebriedad o cometan infracciones graves de tránsito, estas responden a la necesidad de proteger a la sociedad de conductas de riesgo. Toda restricción requiere estar expresamente prevista en una ley o reglamento, las autoridades tienen la obligación de señalar con precisión el fundamento legal de sus actuaciones.

Vulneraciones y Mecanismos de Protección

En diversos casos, algunas autoridades rebasan sus facultades y vulneran el derecho al libre tránsito, pero estas situaciones ocurren cuando realizan retenes sin justificación legal o con las detenciones sin fundamento, dichas acciones representaron violaciones al marco jurídico establecido. Ahora, las personas migrantes, incluso en situación irregular, se mantiene este derecho con la protección de sus derechos humanos y su condición migratoria, ya que no se autoriza a ninguna corporación policial a maltratarlos o detenerlos arbitrariamente, pues la ley establece que solo el Instituto Nacional de Migración (INM) podía intervenir en estos casos.

Ante estas vulneraciones, las personas cuentan con instrumentos legales para su defensa, como el juicio de amparo, que se consolida como el recurso más efectivo para proteger sus garantías. También existe la posibilidad de presentar denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La correcta aplicación de estos mecanismos demuestra ser fundamental para restablecer los derechos conculcados, y la ciudadanía que conocen estas herramientas pueden defender adecuadamente su libertad de tránsito.

Conocer los derechos fundamentales como el libre tránsito demuestra ser esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, porque las personas que compren sus derechos pueden ejercerlos de manera más efectiva en su vida diaria, lo que permite reconocer cuándo una autoridad actúa dentro del marco legal. Además, se reveló como una poderosa herramienta para que las juventudes aprendan sobre sus derechos y a su vez convertirse en ciudadanos más conscientes y participativos.

Por un lado, las personas tienen derecho a moverse libremente, pero también existen restricciones legítimas para proteger a la sociedad, el verdadero progreso depende en gran medida del conocimiento que sus ciudadanos y ciudadanas tengan sobre el sistema legal. Cuando las personas entienden sus derechos y obligaciones, pueden contribuir mejor al desarrollo del país. La justicia y la equidad se fortalecen a través de una ciudadanía informada y responsable.