El derecho a saber: verdad y justicia para las y los desaparecidos

Todos los días, miles de mexicanas y mexicanos se enfrentan a la incertidumbre de no conocer el paradero de sus seres queridos. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Comisión Nacional de Búsqueda, más de 133 mil personas permanecen desaparecidas y no localizadas. Ante esta realidad, el derecho de acceso a la verdad se vuelve indispensable para quienes buscan respuestas sobre dónde están.

Para comprender en qué consiste este derecho y por qué es tan fundamental, conversamos con Luis David Martínez Campos, profesor investigador del Área Académica de Derecho y Jurisprudencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). A partir de su experiencia, señala que la verdad puede tener diferentes estratos: desde la obligación del Estado en proporcionar estadísticas reales, hasta las acciones que se realizan localizar a las personas con vida o, en su caso, para identificar sus restos y otorgar certeza a sus familiares.

Luis David Martínez Campos, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la UAEH.

No obstante, la realidad es que aun en la actualidad se carece de protocolos de búsqueda eficientes, en muchas ocasiones al denunciar una desaparición se reciben respuestas que revictimizan como: “De seguro se fue con el novio”, “es que andaba en malos pasos”, o en algunos estados del territorio mexicano “espere 72 horas para ver si aparece”, a pesar de que las normativas nacionales indican que la búsqueda debe ser inmediata, pues cada segundo transcurrido es crucial.

Un escenario normalizado en México

Las desapariciones forzadas se definen como delitos de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil a manos de servidores público del Estado, sin embargo, en el país también ocurre a través de particulares, es decir integrantes del crimen organizado y ciudadanos que no sean servidores públicos. En ambos casos, el impacto es el mismo: familias sumidas en la incertidumbre y el miedo.

De acuerdo con Martínez Campos, la falta de procedimientos claros y rápidos, de personal capacitado y de equipo especializado para análisis genéticos, son los factores que dificultan la búsqueda, identificación de cuerpos, preservación de evidencias y la correcta documentación de los casos. Esa combinación provoca que muchos expedientes se estanquen, pierdan o permanezcan inconclusos por años, agudizando el sufrimiento de quienes esperan la verdad.

“Una persona que está desaparecida genera un vacío en sus seres queridos, representando un impacto a su salud mental: en México, las desapariciones forzadas ya son un problema de salud pública”, explicó el docente Garza.

Aunada a esta crisis, se suman dos problemáticas: la incomunicación entre fiscalías estatales, lo que complica la búsqueda cuando una persona desaparece fuera de su lugar de origen; y la existencia de fosas comunes, donde miles de cuerpos permanecen sin identificar.

De la verdad a la certeza

El investigador Garza destacó que la verdad no es un concepto único, sino un proceso que atraviesa varias etapas: la primera consiste en conocer el paradero de la persona; en qué condiciones se encuentra y si sigue con vida. Mientas que en caso de fallecimiento, deben realizarse procedimientos de identificación como el análisis de tatuajes, señas particulares o ADN. Una vez que se identifica quién es, surge otra necesidad: saber qué ocurrió y quién fue el responsable.

De manera paralela, la certeza para las familias se entiende como la seguridad de que el proceso se realiza adecuadamente, esto incluye ser atendida desde el primer momento al presentar la denuncia, tener la confianza de que la búsqueda avanza y saber que, cuando la persona es localizada, con vida o sin ella, existe claridad sobre quién es. También implica ofrecer una despedida digna y contar con un lugar donde honrar su memoria, además de obtener la garantía de que aquellas personas que vulneraron sus derechos enfrentarán consecuencias legales.

Hacia un sistema de búsqueda funcional

En un país donde las redes sociales como Facebook se han convertido en herramientas más rápidas que las propias autoridades para difundir información en tiempo real, se vuelve urgente modernizar los mecanismos oficiales. Del mismo modo, es indispensable fortalecer y aplicar de manera estricta los protocolos para la búsqueda inmediata de todas las personas sin excepción en ningún estado o municipio, así como mejorar el manejo adecuado de fosas clandestinas y la identificación cadavérica, brindando capacitaciones al personal especializado.

Asimismo, se requieren infraestructuras como el panteón judicial, diseñado para sustituir a las fosas comunes y garantizar un trato digno a los restos humanos sin reconocer, al mismo tiempo que se favorecen las condiciones para su reconocimiento.

Finalmente, el investigador Garza señaló la necesidad de un sistema nacional que permita albergar los datos de las personas no localizadas a la par de los ingresos en hospitales, procuradurías y otras dependencias de todos los estados del país, con el propósito de que independientemente del lugar donde ocurra la desaparición o donde aparezca, la persona se pueda localizar de manera rápida y precisa.