Gaceta UAEH

Políticas y programas sociales en México


Por Israel Cruz Badillo, doctor en Ciencias Sociales
y Bernabe Lugo Neria, doctor en Finanzas Públicas,
profesores de la UAEH.


Políticas y programas sociales en México

La Política Social en México ha tenido un proceso de redefinición partiendo de lo acontecido con la crisis económica de 1983, aunado a las tres alternancias políticas del gobierno federal, que ha tenido un desarrollo de cuarenta y un años. Con la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la política social encontró su mayor relevancia, porque se ha hecho evidente que la desigualdad es un problema que aqueja a la mayoría de la población en México y que la concentración de la riqueza a nivel mundial gira en torno a un número selecto, mientras que el porcentaje más alto de la población está fuera de él.

Ahora bien, ¿qué podría entenderse como política social? Podría definirse como: “al conjunto de actuaciones administrativas e institucionales del poder público ante un conjunto amplio, diverso y relativo de problemas determinados como ‘sociales’, dentro de la modalidad del Estado de Bienestar” (Fernández y Caravaca, 2011, p. 4).

La política social juega un papel crucial en la promoción del bienestar y la equidad en la sociedad. A través de actuaciones administrativas e institucionales coordinadas, los gobiernos pueden abordar problemas sociales, proporcionando seguridad y oportunidades a todos los ciudadanos. Los autores subrayan la importancia de estas políticas dentro del marco del Estado de Bienestar, destacando la necesidad de una intervención estatal efectiva y bien gestionada para enfrentar los desafíos sociales contemporáneos.

En contraste, otros autores como Ceja y Menchard citados en López, mencionan que una: “política social es la forma que […] tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa cuyo principal fin es facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad” (2014, p. 58).

El principal objetivo de una política social es lograr una convergencia entre los intereses individuales y los intereses colectivos de la comunidad. Esto implica diseñar e implementar políticas que no sólo aborden las desigualdades, sino que también promuevan una mayor integración social, facilitando así el desarrollo de una sociedad donde todos sus miembros puedan compartir y contribuir al bienestar común.

Los autores antes referidos indican que la política social es un plan organizado con un calendario específico, que incluye diversas acciones, mecanismos e instrumentos diseñados y llevados a cabo por el Estado por medio del gobierno. Estos esfuerzos están dirigidos a mejorar las oportunidades para corregir desigualdades en la distribución de recursos y bienes públicos, favoreciendo a ciertos grupos sociales que históricamente han sido marginados o desfavorecidos. Son intervenciones públicas diseñadas para promover la justicia social y reducir las diferencias económicas y sociales entre distintos sectores de la población.

La política social tiene una estrecha relación con los programas sociales, puesto que es la acción de la política social en curso por parte del gobierno para solucionar o aminorar las desigualdades de una población ya identificada.

Los programas sociales tienen una finalidad específica y puntual, porque su creación y finalidad cumplen un fin específico, así como lo mencionan Quispe citando en citado en Badajoz y Pérez (2022), define a un programa social como un: “Conjunto de recursos y acciones organizadas cuya finalidad es la resolución de algún problema o necesidad, para así contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida del grupo de personas hacia las cuales están dirigidas” (p. 2045).

Podemos entender que los programas sociales son acciones planificadas y coordinadas para resolver problemas o satisfacer necesidades específicas de un grupo de personas. El propósito principal de estas intervenciones es mejorar la calidad de vida de esos individuos. En otras palabras, se trata de iniciativas organizadas por el gobierno o instituciones públicas para abordar cuestiones que afectan negativamente a ciertos grupos y, al hacerlo, crear condiciones más justas y equitativas para todos.

Por lo antes referido, los gobiernos tienen la obligación institucional de cumplir con los derechos sociales básicos de la población, como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación, mediante acciones de gobierno orientadas a su ejecución. Para ello, diseñan e implementan programas sociales, que son actividades organizadas e integradas que concretan los objetivos de la política social en un contexto y un plazo específicos, basados en su plan de gobierno. Estos programas buscan ampliar la cobertura y el acceso a los derechos sociales.



Referencias bibliográficas: