Violencia Electoral: retos y desafíos
Por Alejandra Zamora Canales
Con información de Carlos Sánchez Ruiz
Fotos: Carlos Sánchez Ruiz y especial
El próximo 02 de junio, las y los mexicanos elegirán, a través de su voto, 20 mil 375 cargos públicos, convirtiendo a esta elección de 2024, en el ejercicio democrático más grande que se haya realizado en su historia. Sin embargo, a casi ocho meses de haber iniciado el proceso electoral, la violencia contra quienes buscan ocupar un cargo de elección popular se disparó en diferentes estados de la República.
Para entender más a fondo el porqué de los altos índices de violencia en los procesos democráticos de nuestro país, consultamos para la Gaceta UAEH, de este mes, a Marcos Bernal Ramírez, profesor por asignatura del Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
De acuerdo con el Segundo Reporte Preliminar sobre Violencia Electoral 2023-2024, realizado por la organización Laboratorio Electoral, con corte al 02 de abril del presente año, se tienen registradas 156 agresiones contra aspirantes y personas involucradas en los comicios, de las cuales, 51 fueron casos de asesinatos, nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, convirtiendo a las votaciones de 2024 en las más violentas y mortíferas de la historia del país.
Bernal Ramírez menciona que durante los últimos años se ha visto un recrudecimiento de la violencia a nivel social en el país, de la cual se han derivado otros factores como es la violencia electoral. Para poder entender este fenómeno, es necesario analizarlo a partir de dos marcos analíticos: la reconfiguración cooptada del Estado y la necropolítica.
Reconfiguración cooptada del Estado
El docente Garza explica que este modelo de análisis tiene que ver con las nuevas formas de organización y relación de los grupos criminales con los agentes gubernamentales, a raíz de la fragmentación del poder político.
Los investigadores colombianos Eduardo Salcedo y Luis Jorge Garay, quienes postulan está teoría, analizaron la situación que se vivió en Colombia durante las décadas de los años 70 y 80 con los cárteles de Cali y Medellín, así como la figura de Pablo Escobar, cuando se utilizó la violencia para ejercer presión frente a las autoridades políticas para obtener beneficios que fortalecieron el poder y diversificación de estas organizaciones criminales.
En nuestro país, dicha fragmentación inició en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox Quesada y el Partido Acción Nacional (PAN) al poder federal tras más de 70 años de hegemonía política por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta transición política modificó la aparente tranquilidad que imperaba en el país, desatando hechos violentos en una primera instancia en los estados del norte del país como Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Chihuahua, en donde se encontraban los principales cárteles de la droga en México, para posteriormente extenderse al resto de entidades federativas.
“Esta serie de fenómenos de violencia están asociados específicamente a las estrategias que desarrolla el gobierno federal como la militarización de la seguridad. Esto trae como consecuencia que las asociaciones criminales se vean amenazadas y que retomen distintas formas de violencia como la extorsión, la trata de personas, el cobro de piso y la extraccion de los recursos naturales”, declaró Bernal Ramírez.
¿Cómo se traslada esta violencia al ámbito electoral?
El académico del ICSHu menciona como ejemplo la injerencia del grupo criminal la “Familia Michoacana” dentro de los ayuntamientos, lo cual propició que el gobierno de Felipe Calderón desplegará al Ejército en una operación conjunta para recuperar el control del Estado, esta acción fue el origen de la estrategia de seguridad conocida como “Guerra contra el Narco”, cuyas consecuencias continúan permeando en la actualidad.
La agrupación delictiva logró generar “tendencias de apoyo” a personas candidatas de la zona conocida como “Tierra Caliente”, conformada por los estados de México, Michoacán y Guerrero, con la finalidad de tener incidencia en la toma de decisiones dentro del Poder Legislativo y Ejecutivo.
“Durante los años 2006 y 2012 se evidencia la presencia de la participación económica de organizaciones delictivas en el apoyo de algunas candidaturas, las relaciones de estos grupos con agentes políticos se transforma de manera constante, creando y consolidando nuevas redes de apoyo, sin embargo cuando no se resuelven las necesidad de las agrupaciones criminales a partir de estos acuerdos, es cuando se desata la violencia”, declaró el académico Garza.
Para Bernal, actualmente el Estado Mexicano presenta una proliferación, así como diversificación de las actividades criminales, debido a que los Cárteles ya no solo estan concentrados en el trasiego y el tráfico de drogas, sino que han incoroporado a su repertorio la trata de personas, el cobro de piso a comerciantes, el chantaje, así como la extracción de recursos naturales con el objetivo de incrementar sus ingresos económicos y materiales.
De acuerdo con el medio de comunicación El Economista, hasta noviembre de 2023, la organización criminal conocida como “La Familia”, mantenía el control de 18 municipios de Michoacán, entre ellos Tancítaro, el principal exportador de aguacate a nivel mundial.
Por su parte, el académico Garza destacó que no es coincidencia que este tipo de actos de violencia o presencia del crimen organizado se encuentren en puntos estratégicos relacionados con actividades económicas relevantes, tal es el caso de Guanajuato, donde durante el último sexenio se intensificaron los enfrentamientos entre agrupaciones criminales por el territorio en Celaya, Irapuato y Salamanca, siendo en esta última en donde se encuentra la Refinería Ing. Antonio M. Amor (RIAMA), la cual abastece la demanda de gasolina y petrolíferos del centro-norte y occidente del país, que a su vez, es objetivo del robo de hidrocarburos, “huachicoleo”, por parte de grupos delictivos.
El modelo necropolítico de Achille Mbembe
Sin embargo, Marcos Bernal Ramírez puntualiza que un modelo más analítico para tratar el problema de la violencia electoral, es el modelo necropolítico del teórico camerunés Achille Mbembe, en el cual postula que los estados precarizados, específicamente del tercer mundo o estados que alguna vez fueron colonias, se ha transitado, a lo que él llama, la soberanía de muerte, en donde hay ciertos grupos que tiene el poder de decidir quién debe morir.
Mbembe establece que las “Máquinas de guerra”, conocidas en el continente africano a los ejércitos privados y señores de la guerra, se configuran en las violencias de estos estados nación para sacar provecho de la presencia de algunos recursos minerales y naturales como son los diamantes, el carbón y el petróleo.
En el caso de México, esta disputa se consolidó con la estrategia de la Guerra contra el Narco, la cual en lugar de disminuir la violencia e inseguridad, propició la fragmentación de la violencia a lo largo del territorio nacional, debido a que los grupos criminales buscan tener mayor presencia con ciertos agentes políticos, pero también en las actividades productivas para aumentar sus riquezas.
“Podemos ver al Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel Sinaloa con mayor presencia en Chiapas y Guerrero en la frontera sur, porque el interés está en la importante entrada de migrantes centroamericanos; la proliferación de actividades criminales de estas organizaciones los han llevado a la trata de personas, el cobro de piso para ciertas comunidades que reciben a personas migrantes centroamericanas, así como la explotación sexual”, puntualizó.
El docente explica que el proceso de fractura y balcanización, es decir, la desmembración de un país en comunidades o territorios enfrentados, que se vivió a partir del 2006 con la Guerra contra el Narco y la militarización del país, repercute en las autoridades locales, debido a que existen diferentes banderas políticas en los distintos niveles del Gobierno, esto da paso a que las organización criminales busquen vínculos con los gobiernos subnacionales como son los ayuntamientos, en lugar de ir al nivel federal.
“El fenómeno de la violencia político-electoral va a estar presente en los lugares donde se ha debilitado ese ejercicio del poder político”, destacó.
De acuerdo con Bernal Ramírez, el estado de Hidalgo apenas está en un proceso de transición política y la ola de violencia no se ha desencadenado como en otras regiones del país, pero existen focos rojos que se deben atender debido a los antecedentes que se tienen de la anterior administración, tal es el caso de Tizayuca, cuya presencia y regionalización de su cercanía con el Estado de México, trae como consecuencia que se haya debilitando la capacidad institucional del Estado para hacerle frente a la delincuencia. También por el interés económico que representan algunas zonas de la entidad como es el caso de Tula, en donde se encuentra la refinería y poseen un clúster importante o el caso de la zona que ocupa el poliducto Tuxpan- Tula, que presenta problemas como el robo de hidrocarburos y la presencia de grupos criminales.
“Probablemente, debido a las distintas organizaciones políticas que asciendan al poder a partir del mes de junio, se va a presentar una reconfiguración importante en la entidad, porque una cosa va a ser el Gobierno Estatal y otra, los gobiernos municipales encabezados por distintos grupos políticos”, mencionó el académico Garza.
Debido a esto, el docente enfatiza que es necesario modificar la estrategia de seguridad para tener un cambio en las dinámicas de violencias, debido a que las fuerzas militares están instruidas para el ataque letal a las amenazas del país, no a la investigación y atención de las problemáticas que desembocan en los crímenes de alto impacto. Por ello las altas tasas de violación a los derechos humanos, no solo de los agentes criminales, sino por parte de las propias agencias del estado.