Responsabilidad ciudadana para prevenir los delitos electorales

En un contexto donde cada voto cuenta y la transparencia es fundamental, comprender qué constituye un delito electoral y quiénes pueden incurrir en él se convierte en una responsabilidad cívica. Desde una o un ciudadana, hasta las y los funcionarios electorales, cada persona cumple un papel crucial para mantener la integridad del proceso democrático. Por lo que es esencial informarse sobre las prácticas irregulares que pueden transgredir la legitimidad de las elecciones para saber cómo responder ante ellas, a fin de garantizar mecanismos libres y justos.

Para abordar este tema, la presente edición de la Gaceta UAEH consultó a Joaquín García Hernández, profesor investigador del Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

¿Qué son los delitos electorales y quiénes pueden incurrir en ellos?

Joaquín García Hernández, profesor investigador de la UAEH.

Los delitos electorales son todas aquellas acciones u omisiones que pongan en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral, atenten contra el derecho al voto libre y también influyen de forma ilícita en las consultas populares, que son los mecanismos recientes del sistema democrático de participación ciudadana establecidos en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El profesor Garza señaló que la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que la ciudadanía, las y los funcionarios electorales, quienes están en el servicio público, ministros de culto religioso, fedatarios públicos, además de los candidatos o candidatas pueden incurrir en la comisión de algún delito electoral.

“Tener una clasificación sobre quiénes pueden cometer algún ilícito en materia electoral, ayuda a garantizar la rendición de cuentas, prevenir conductas ilegales e identificar las respectivas sanciones. No podemos juzgar a un ciudadano o ciudadana de la misma forma en la que lo hacemos con alguien de la función electoral, en ese sentido la ley es clara, la pena será según la falta o la responsabilidad de la persona que la comete.”

Los delitos electorales se encuentran tipificados en los artículos del 403 al 413 del Código Penal Federal

García Hernández refirió que las sanciones por delitos electorales en México pueden variar dependiendo de la gravedad de la infracción o las circunstancias específicas del caso. Algunas de las sanciones incluyen: multas económicas que pueden ir de los 50 a 600 días, pérdida de los derechos políticos, inhabilitación para ocupar cargos públicos, cancelación del registro de partidos políticos, y en algunos casos, castigos penales, que puede ser desde los 6 meses hasta los 15 años de prisión.

Regulación necesaria

El México post-revolucionario evidencia la hegemonía política que se extendió a lo largo de casi setenta décadas sin ninguna competencia electoral y fue hasta que el partido en el poder vio desfavorecidas sus preferencias electorales cuando la oposición comenzó a abrirse espacios. A raíz de esto se suscitaron malas prácticas como el fraude, la compra de votos, situaciones que no estaban tipificadas y por ende, no había ningún tipo de sanción.

“Estas acciones generaron un descontento social y político que avivó el interés por buscar establecer reglas claras, fortalecer la integridad del proceso electoral y garantizar igualdad de condiciones”, manifestó el profesor Garza.

Entre los factores que detonaron la necesidad de establecer y clasificar las conductas ilegales dentro de un proceso electoral se encuentran: Primero, garantizar la equidad, ya que los delitos electorales implican prácticas injustas que favorecen a ciertos candidatos, candidatas o partidos políticos, debilitando así la igualdad de oportunidades entre quienes están contendiendo.

En segundo lugar, se requería preservar la confianza pública, pues al existir fraudes electorales se genera incertidumbre en el ámbito político y la ciudadanía, por lo cual tuvo que llevarse a cabo un sistema reglamentario que pudiera garantizar que quien cometiera una conducta ilícita recibiría un castigo. Todas estas medidas se implementan para fortalecer la credibilidad del sistema democrático.

Pero sobre todo, se regularon estas prácticas para promover la estabilidad política y social, puesto que delitos electorales desencadenaron conflictos públicos. De este modo, al tener un marco legal fortalecido se genera en la ciudadanía un límite en torno a conductas prohibidas que deriven en cualquier descontento o conflicto social.

Actualmente, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece como acciones ilícitas: la compra de votos, coacción del voto, utilización indebida de recursos públicos, fraude electoral, violencia política, propaganda ilegal y el financiamiento ilegal de campañas políticas, entre otros.

La regulación de los delitos electorales en el país ha experimentado una evolución significativa a partir de la década de los noventa, con el cambio del marco institucional, la implementación de reformas legales y la creación de organismos especializados como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con la que el país ha buscado fortalecer su marco jurídico para garantizar la integridad y transparencia de los procesos electorales.

Acciones electorales de este sexenio: la reforma de los artículos 19 y 108 constitucionales que establecen prisión preventiva para quien haga mal uso de programas sociales con fines electorales, así como también que la persona titular de la Presidencia de la República pueda ser imputada o juzgada por cometer delitos electorales.

Cabe destacar que México cuenta con un precedente sobre delitos electorales, en el que Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como “El Bronco”, fue arrestado en el año 2017 por presunto desvío de recursos durante su campaña electoral, así como el uso de firmas para obtener acceso a la boleta electoral.

Ante todo esto, es crucial que la ciudadanía esté bien informada sobre los delitos electorales, pues el conocimiento de los mismos permite a la sociedad identificar y denunciar las irregularidades, pero también saber cuándo se es victimario o víctima de dichas conductas que laceran la vida democrática del país.