Nada que curar: torturas a la población LGBTIQ+ disfrazados de “terapias”

ECOSIG: tortura enmascarada

El 14 de octubre de 2022, el Senado de la República Mexicana aprobó con 59 votos a favor, dos en contra y 16 abstenciones, la penalización de los Esfuerzos por Corregir/reprimir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) o mal llamadas “terapias de conversión” o “terapias reparativas” en el país, al crear los “Delitos contra la orientación o la identidad de género de las personas” al Código Penal Federal mexicano y reformar la Ley General de Salud.

A nivel estatal, Ciudad de México, Hidalgo, Sonora, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán, Baja California, Jalisco, Baja California Sur, Puebla y Estado de México, son las únicas entidades federativas que han prohibido las ECOSIG.

La legislación federal contempla una pena de dos a seis años de prisión y multas de mil a dos mil UMAs a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Sin embargo, en el caso de las infancias, personas adultas con discapacidad o adultas mayores las sanciones alcanzarán hasta los doce años de cárcel.

En cuanto a las y los profesionistas de la salud que impartan, apliquen, obliguen o financien estos tratamientos serán suspendidos de su ejercicio profesional de uno a tres años, en caso de reincidencia se impondrá la prohibición definitiva y cancelación de su cédula profesional.

¿Pero que son los ECOSIG?

La goulue. Diálogos con el espejo, pieza de teatro danza sobre ECOSIG.

Son supuestos tratamientos psicoterapéuticos basados en la fe que, buscan modificar la orientación sexual e identidad de género de las personas de las diversidades sexo genéricas en una persona cisgénero, a través de coerción y falta de consentimiento, privación ilegal de la libertad, violencia verbal, amenazas, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales correctivas, terapias de aversión, electroshocks y/o exorcismos.

El término ECOSIG debe ser ocupado en lugar de “terapias de conversión” o “terapias reparativas”, debido a que el uso de la palabra “terapia” valida la patologización de la orientación sexual, identidad y expresión de género, hacen uso de prácticas que causan grave dolor, sufrimiento y provocan daños tanto físicos como psicológicos.

Los ECOSIG suelen contar con el respaldo de líderes de organizaciones religiosas o autoridades políticas bajo el argumento de que la diversidad sexual y de género se encuentra vinculada con fuerzas demoníacas, por ello, los líderes de culto realizan rituales y exorcismos para expulsar el mal.

De acuerdo con un informe sobre las terapias de conversión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esos rituales se realizan en países como Alemania, Bolivia, el Brasil, el Canadá, Francia, Italia, México, Nigeria, Perú, la República de Moldova y el Reino Unido, con frecuencia en iglesias evangélicas.

En los Estados Unidos se han revelado casos de malos tratos en campamentos organizados por instituciones cristianas, en los que adolescentes eran recluidos a un régimen de aislamiento, castigos físicos y descargas eléctricas por su orientación sexual en 2017.

Mientras que la Agencia presentes ha detectado que, en Paraguay, a pesar de contar con una ley de salud mental que prohíbe a las y los psicólogos o psiquiatras hacer un diagnóstico basados en prejuicios religiosos, la orientación sexual e identidad de género y regula las internaciones sin consentimiento, los ECOSIG se continúan practicando en consultorios psicológicos, centros educativos, así como centros religiosos.

Las y los sobrevivientes de los ECOSIG suelen presentar ansiedad, pérdida de autoestima, aislamiento social, síntomas por estrés postraumáticos, dificultades para establecer relaciones íntimas, el autodesprecio, sentimientos de culpabilidad, disfunción sexual, ideas e intentos de suicidio.

Patologización de la orientación sexual, identidad y expresión de género

Las personas con una orientación sexual, identidad de género o expresión de género no normativa han sido perseguidas, discriminadas y violentadas históricamente desde las doctrinas religiosas hasta con el respaldo de la comunidad científica.

En Psychopathia Sexualis, del psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, se estableció una teoría de la patología que define a la homosexualidad como un trastorno “degenerativo”, basándose en las teorías darwinianas del siglo XIX y considerando que cualquier comportamiento sexual no procreativo deberían ser considerados formas de psicopatología.

Krafft-Ebing creía que las personas pueden nacer con una “predisposición homosexual” por lo cual debía considerarse como una “enfermedad congénita”, y se dedicó a difundir su visión en la comunidad científica y médica, lo que sentó las bases para que, en el siglo XX, la mayoría de los psiquiatras consideraran a la homosexualidad como una patología y buscaran una “cura”.

Sin embargo, Karl Heinrich Ulrichs, abogado y ex miembro del Servicio Civil del Reino de Hanover, distribuyó en 1864, panfletos, en los que, se introducen los términos Uraniers (hombres que aman a personas de su mismo sexo) y Dionings (hombres que aman a mujeres), se plantea que el amor profesado por los Uraniers era natural y no era causado por ninguna patología, por lo tanto, no debía ser criminalizado.

En 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) publicó la primera edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-I), en el cual se consideraba a la homosexualidad como un trastorno sociopático de la personalidad. Mientras que, en 1968, el DSM-II decidió reclasificarla como una desviación sexual.

Algunas prácticas que los profesionales de la psiquiatría llevaron a cabo en busca de una “cura” para la homosexualidad y transexualidad fueron las lobotomías, las terapias de electro shock, la mutilación de los órganos sexuales, la administración de tratamientos hormonales o corticoideos, castraciones químicas, entre otros.

Entre las figuras emblemáticas que pasaron por estos procesos se encuentran Alan Turing, matemático inglés y uno de los padres de la informática moderna, quién fue condenado por “indecencia grave” en 1952, debido a su orientación sexual, para evitar la cárcel tuvo que someterse a la castración química, lo que derivó en una profunda depresión y en su suicidio dos años después.

Sin embargo, tras la revuelta de Stonewall en 1969, que impulsó la lucha por la igualdad de la comunidad LGBT+, las posteriores movilizaciones, así como la presión social ejercida para dejar de criminalizar a la población sexo-diversa, desembocó en la eliminación de la homosexualidad de la categoría diagnóstica de la sección de "Desviaciones Sexuales" del DSM-III.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó en 1990 a la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud.

La persecución de la comunidad LGBTIQ+

Archivo Trans-Memorias Trasvesti del Colectivo Semillero de Artes Vivas en Pachuca.

En Italia, la sodomía había sido suprimida del Código Penal en 1889, lo que había desembocado en que las personas de la comunidad viajarán o comprarán propiedades en el país, creando un turismo rentable.

Sin embargo, con la llegada al poder de Benito Mussolini y su ideología fascista, se estableció que en Italia los hombres no podían ser homosexuales, por lo tanto, no existía una legislación para aquello que era imposible.

Fue hasta 1938 que se cambió el posicionamiento italiano, cuando el alcalde de Sicilia junto con la policía procedió a una serie de arrestos de hombres homosexuales y su posterior exilio a una colonia en la isla de San Domino en el mar Adriático.

Mientras el nazismo alemán encabezado por Adolf Hitler realizó la persecución de la comunidad sexo diversa bajo el argumento de que eran corruptores de la sangre alemana, por lo cual, la homosexualidad fue declarada delito de degeneración.

La Gestapo se encargaba de identificar a las personas de la comunidad, mediante redadas en bares y centros nocturnos como “El dorado”, alentaron a la ciudadanía a denunciar los comportamientos “pervertidos” y obligaron a los detenidos a delatar a otros.

Aproximadamente 100 mil hombres homosexuales fueron enviados a los campos de concentración, donde eran obligados a portar un triángulo rosa en sus uniformes, para distinguirlos de los demás. Dentro de estos centros de la muerte se realizaron experimentos con ellos mediante terapia de aversión, una forma de condicionamiento conductual, “tratamientos” hormonales, lobotomías y violaciones que buscaban modificar su comportamiento.

En cambio, durante la dictadura de Francisco Franco en España, se promulgó La ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1970, rumbo al final del régimen, una legislación que perseguía, encarcelaba y consideraba como enfermas mentales a las personas sexodiversas. La legislación contemplaba la “rehabilitación social”, que imponía el internamiento en un centro de “reeducación”.

De acuerdo con la BBC, a partir del año 2017 se instauró una “purga gay” en la república rusa de Chechenia. Los informes detallan que se establecieron campos de concentración, donde las personas homosexuales, o consideradas como tal, son golpeadas, torturadas, desaparecidas y asesinadas, sin embargo, el gobierno checheno ha negado los reportes de la prensa, bajo el argumento de que en el país no hay homosexuales.

Por su parte, Rusia aprobó a finales del año pasado una nueva legislación que prohíbe la promoción de relaciones sexuales no tradicionales, la cual, contempla que cualquier acción o información que se considere un intento de promover la homosexualidad en público, línea o en películas, libros o publicidad tendrán una multa de hasta 400.000 rublos, es decir 6.600 dólares, para personas físicas, y hasta 5 millones de rublos o 82.100 dólares para personas jurídicas; mientras que los extranjeros podrían enfrentarse a 15 días de arresto y su posterior expulsión.

Integrante de la comunidad LGBTIQ+ del Barrio Mágico El Arbolito.

En Indonesia la homosexualidad pasó a ser clasificada oficialmente como trastorno mental en 2018 y de acuerdo con Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de la ONU, varios funcionarios de la provincia de Java Occidental pidieron que se elaboraran políticas específicas que permitieran detener a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y de género diverso para someterlas a “rehabilitación”.

Mientras que México es el segundo país de Latinoamérica con más crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+, la asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida, reportó un aumento de más del 11.5% en los asesinatos en 2022, sin embargo, documentaron 19 personas LGBT asesinadas durante los primeros meses del año, de las cuales fueron 13 mujeres trans, cuatro hombres gais y dos mujeres lesbianas.

Por su parte, la creciente ola conservadora en Estados Unidos ha desembocado en una creciente ola de migración interna de familias con hijos o hijas transgénero debido a la aprobación de leyes que afectan a la comunidad trans.

Las iniciativas y legislaciones buscan restringir el acceso de las infancias a bloqueadores de pubertad, terapia de reemplazo hormonal o cirugías relacionadas a la transición de género, así como su participación de jugadores trans en equipos alineados con su identidad de género.

En Florida, se promulgo el proyecto “No digas Gay”, que prohíbe a las y los docentes, personal de consejería, hablar sobre la identidad de género y la orientación sexual a las infancias que se encuentre entre preescolar y tercer grado, posteriormente se deberá hablar de “manera apropiada” sobre los tremas, asimismo los padres de familia tendrán el derecho de demandar a las escuelas si consideran “inapropiadas” sus clases.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, calificó a la ley como una muestra de odio, mientras que Miguel Cardona, secretario de educación, declaró que las escuelas que reciben fondos federales deberán seguir la normativa de no discriminación.

Recientemente en Uganda se aprobó una de las leyes anti-LGBTIQ más duras, al contemplar la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, penaliza la educación sexual con respecto a la comunidad sexodiversa, exige la “rehabilitación” de los “delincuentes” homosexuales, prohíbe la publicación y divulgación de cualquier contenido que defienda los derechos de las diversidades sexo genéricas.

No se puede curar, a quien nunca estuvo enfermo.

Dalia León, artista Drag en la marcha del orgullo LGBTIQ+ 2023 en Pachuca.

Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, presentó al Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), un informe sobre las “terapias de conversión”.

En el documento, se puntualiza que no es ético por parte de los y las profesionistas de la salud tratar de curar algo que no es una enfermedad, y el principio de no causar daño los obliga a no ofrecer tratamientos que se sepa que son ineficaces o que estén destinados a alcanzar resultados imposibles.

A su vez, señala que el Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, concluyó que las “terapias de conversión” constituye un trato cruel, inhumano, degradante y pueden equivaler a tortura, asimismo son formas de engaño, publicidad falsa y fraude.

Sin embargo, una encuesta mundial realizada por e LGBT Foundation a sobreviviente de ECOSIG, revela que en el 45.8 % de los casos, las “terapias” fueron implementadas por profesionales médicos y de la salud mental; en el 18.9% por líderes religiosos, curanderos y grupos tradicionales.

La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estima una población de cinco millones de personas que se autoidentifican como integrantes de la comunidad LGBTIQ+, es decir una de cada 20 personas en México, mientras que en Hidalgo son 110,770 personas que pertenecen a las diversidades sexo genéricas.

De acuerdo con los datos de la ENDISEG, una de cada 10 personas de la comunidad LGBTIQ+ fue obligada por sus padres a asistir con un profesionista de la salud mental, medicina o autoridad religiosa, una vez que tuvieron conocimiento sobre su orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, se descubrió que el 81.8% la población LGBTIQ+ ha presentado algún problema emocional, entre los principales destacan el estrés con un 88.7%, seguido por el miedo, angustia o ansiedad con un 64.9%.

En cuanto al suicidio se puede ver que el 26.1% de la población ha tenido ideas suicidas, mientas que el 14.2% han tenido un intento suicida. Entre las principales causas vinculadas se encuentran los problemas familiares y de pareja.

Los datos recabados por las encuestas realizadas a nivel mundial dan a conocer que el 21.9% de personas fueron coaccionadas por algún integrante de su familia; el 11.9% por líderes religiosos; el 11% por miembros de sus comunidades, mientras que el 9.7% fue por profesionales de la salud mental; un 3.6% fue por parte de sus empleadores; el 5% provinieron por autoridades educativas; y el 4% vino de autoridades estatales.

Por otra parte, Víctor Madrigal- Boroz detectó que en los ECOSIG forman un negocio lucrativo para quienes los imparten. De acuerdo con los datos recabados en el informe, el precio de una sesión de “terapia de conversión” en Estados Unidos tiene un costo entre los 0 y 26 mil dólares; mientras que en Ecuador el costo mensual llega hasta los 500 dólares.

Comunidad LGBTIQ+ en la marcha del orgullo 2023 en Pachuca.

En los casos donde no hay presente una remuneración o compensación económica, se realizan arreglos entre los familiares y líderes religiosos o instituciones por la “terapia de conversión” brindada.

La agencia de noticias BBC recabó el testimonio de una sobreviviente de ECOSIG, quien relató lo siguiente: “Me echaban cenizas y me decían que mi espíritu estaba marcado y que había que limpiarlo. Les decían que mi carga hormonal eraba muy baja y me hicieron tomar pastillas para subir mi nivel de testosterona, o decían que era así porque mi mamá me consentía mucho o que quizás me habían violado, aunque eso nunca pasó”.

Testimonios como este se pueden encontrar en diversos medios de comunicación, informes de organizaciones de derechos humanos y colectivos en pro de los derechos de las personas LGBTQI+, quienes buscan legislar para prohibir y sancionar este tipo de prácticas, así como garantizar una vida libre de violencia homo-lesbo-bi-trans-fóbica.

Nada que curar, es una guía para profesionales de la salud mental en el combate a los ECOSIG, realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , así como Yaaj, Transformando tu vida; en la cual se detalla que las personas LGBTIQ+ son sometidas a abuso verbal sistemático, gritos, humillación y amenazas de violación; hacinamiento; aislamiento por largos períodos de tiempo; privación de comida por varios días o consumo forzoso de alimentos insalubres o agua de pozos infestados de animales muertos e insectos; en el caso de las mujeres son forzadas a “vestirse y comportarse como prostitutas para aprender el comportamiento femenino” y a tener relaciones sexuales con otros internos hombres por órdenes de sus “terapeutas”.

A su vez, algunas personas eran esposadas por más de tres meses o encadenadas a inodoros que eran usados por otras personas; despertadas con baldazos de agua fría u orina; sometidas a terapias de electroshocks; y tocadas, abusadas e incluso violadas por el personal de custodia.

La Guía puntualiza que estas prácticas traspasan la libertad de expresión y libertad religiosa, por lo cual, el Estado debe garantizar la protección y salvaguardar la vida de las personas LGBTIQ+, así mismo, Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de la ONU, rechaza que se utilice a las creencias religiosas como argumento para justificar la violencia o la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género.

Por ello, el relator especial exhorta a los Estados miembros a prohibir estas prácticas, derogar las leyes que las permiten y aquellas que penalizan la diversidad de orientación sexual e identidad de género y se protejan los derechos de las infancias y juventudes.

Protección a la diversidad sexo genérica

David Jiménez Rodríguez, profesor investigador del Área Académica de Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa), de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), recalca que las personas de la comunidad LGBTIQ+ saben desde muy temprana edad sobre su orientación sexual o identidad de género, sin embargo, en las estructuras sociales, familiares, religiosas y educativas son donde se gesta el conflicto, una vez que se toca el tema.

David Jiménez Rodríguez, profesor investigador del Área Académica de Psicología de la UAEH.

Asimismo, declaró que aquellas personas que sienten un conflicto relacionado con su identidad de género pueden asistir con una o un psicólogo capacitado en derechos humanos que le otorgue un acompañamiento adecuado a nivel individual, familiar e incluso de pareja, para ayudar en los procesos de transición, en el caso de la comunidad trans, y de aceptación.

“Algunas personas lo pueden tomar como que la persona está negando toda su existencia, pero eso no es cierto, simplemente se quiere sentir más cómoda. Como sociedad debemos entender que es un proceso individual, que todos tienen el derecho de decidir sobre su vida”, puntualizó.

Con respecto al rechazo hacia la comunidad LGBTIQ+, Jiménez Rodríguez puntualiza que la diversidad debe ser normalizada en la sociedad, por lo cual es necesario hablar con respeto sobre estos temas en las escuelas y alejar la discriminación de la práctica profesional.

La Asociación Americana de Psicología (APA) puntualiza que las y los profesionales de la salud mental tienen el derecho de “objeción de conciencia”, pero eso no los exime de su obligación a remitir a los pacientes con un profesionista que puedan atenderlos con referente al tema de la diversidad sexual, ni negarles el acceso a los servicios de salud.

La guía “Nada que curar” brinda recomendaciones a los profesionistas de la salud mental para la atención psicológica de la población LGBTIQ+, se encuentra disponible en el link: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/guia-nada-que-curar.pdf

Por el momento hace falta un enorme esfuerzo a nivel estatal para lograr la aprobación de las legislaciones correspondientes que prohibían los ECOSIG, pero también un trabajo constante con la sociedad para combatir todas las formas de violencia homo-lesbo-bi-trans-fóbica que se vive en el país.