Adopción, un derecho de las infancias, no de las parejas

Cuando se habla de adopción en México, las referencias inmediatas por parte de quienes hacen una solicitud, es que se trata de un acto jurídico tardado, complejo, demasiado burocrático, hasta incluso desgastante por los requisitos y fases que se deben pasar para poder consolidar un vínculo de parentesco con una persona con la que no se tiene relación biológica.

Lo anterior es el panorama general que vive una persona soltera o una pareja tanto heterosexual como homorapental, es decir, personas del mismo sexo. Ya que en 2010, con el reconocimiento constitucional del concubinato o matrimonio igualitario por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Código Civil del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se avaló de igual manera la adopción para este sector poblacional.

El hecho antes mencionado fue un parteaguas tanto en América Latina como para otras entidades de la República Mexicana, porque a raíz de este suceso, otros países del continente y entidades federativas decidieron modificar sus legislaciones para proteger los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. De modo que para junio de 2015, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de prohibir el matrimonio igualitario en México y, por lo tanto, se estableció el mandato a los congresos de todas las entidades para realizar las adecuaciones necesarias en esta materia.

Para el caso del estado de Hidalgo, fue hasta el 2019 cuando entró en vigor la legislación que define al matrimonio como la unión entre dos personas sin importar su preferencia sexual, lo que implica de igual modo, un reconocimiento de que pueden tramitar la adopción. Sin embargo, algunas personas que forman parte de la comunidad de la diversidad sexual advierten que el proceso es discriminatorio y deben acudir a otras entidades para cumplir con su sueño.

Es por ello que en la edición de este mes de Gaceta UAEH, dado que el 28 junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, es preciso analizar si la legislación local vigente tiene candados que propicien la discriminación a este sector poblacional respecto de la adopción, conocer el procedimiento que se debe seguir y desmenuzar el porqué es tan meticuloso.

En la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, el 76.1% de las personas encuestadas se mostró a favor de que las parejas del mismo sexo adopten

Para abordar este tema, Iran Guerrero Andrade, profesor investigador del Área Académica de Derecho y Jurisprudencia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien tiene más de cinco años estudiando el tema de la diversidad sexual, refirió que hoy en día la adopción homoparental no es un tema a discusión que esté sujeto a la opinión moral de nadie, porque con el reconocimiento de la unión jurídica entre dos personas, legalmente no se tendría que impedir.

Aunado a ello, comentó que al revisar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo se puede observar que la redacción atiende a un principio de igualdad, puesto que no discrimina. Caso contrario si establecieran requisitos con una visión prejuiciosa y conservadora.

El docente Garza expresó que legalmente en Hidalgo no hay impedimento alguno para que a una pareja homoparental se le pueda negar la oportunidad de iniciar el procedimiento de adopción, pero en caso de que alguna autoridad se negara por este motivo, las personas afectadas tienen la oportunidad de proceder por la vía judicial para reclamar ese derecho, aunque en teoría no tendría que realizarse por esta opción, porque no está prohibido expresamente en el marco legal local.

¿El papeleo está dejando a infantes sin una familia?

Iran Guerrero Andrade, profesor investigador del Área Académica de Derecho y Jurisprudencia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.

Ahora bien, respecto a la preocupación que advierte la población de que el trámite es discriminatorio, Guerrero Andrade comentó que dejando de lado las preferencias sexuales de las personas, al realizar una observación puntual y crítica se debe analizar de forma integral que el procedimiento que han adoptado las autoridades está diseñado para atender el interés superior de la niñez, es decir, de velar y maximizar sus derechos.

De este modo, aunque exista la posibilidad jurídica de que los matrimonios homosexuales puedan adoptar, no debe entenderse como una autorización automática, porque la adopción por sí misma no es un derecho de quienes lo soliciten, esto sin importar las preferencias sexuales, pues el Estado debe asegurar las condiciones sociales, económicas y culturales que den mayor bienestar, en todos los niveles, a las y los niños que están temporalmente sin un hogar.

El Estado debe prevenir abusos en contra de las infancias

El trámite no trata de obstaculizar ni negarle el derecho a las infancias de un hogar, pero hay que destacar que en la historia internacional en materia de adopción, cuando se han presentado crisis humanitarias en algunos países, se han documentado casos donde llegan personas a adoptar, pero lamentablemente se comenten abusos de todo tipo en contra de la niñez.

Esto obliga a las autoridades a extremar precauciones y tomar todas las medidas necesarias para prevenir esta situación, porque en caso de no hacerlo, se les pondría en riesgo, por ello el procedimiento debe ser minucioso y aunque existan voces que este se debería de flexibilizar, el bienestar de las infancias se tiene que privilegiar hasta garantizar que llegarán a un entorno adecuado para que tengan un desarrollo integral armonioso.

En relación a la preocupación injustificada de algunas personas respecto de que si se dan en adopción a las niñas y niños a personas de la diversidad sexual podrían sufrir un abuso sexual, refirió que este es un estigma y una idea prejuiciosa que se debe eliminar porque si se analiza, este delito lo cometen personas heterosexuales en México. No obstante, como parte de los requisitos para solicitud, se demanda que las personas no cuenten con antecedentes de violencia sexual.

El verdadero problema radica en el pensamiento conservador y la cultura discriminatoria

El investigador Garza subrayó que aunque se han dado avances importantes para el reconocimiento pleno de los derechos de las personas de la diversidad sexual, los prejuicios que giran alrededor de las personas con otra preferencia sexual o incluso identidad de género es lo que aún siguen predominando. Sin embargo, el derecho es un buen punto para lograr un cambio de perspectiva. Pues aunque esté plasmado en la ley, esto no significa que las autoridades van a dar una lectura con perspectiva de derechos humanos.